El 23 de septiembre de 2026, al mediodía, en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid, ocurrió una de esas cosas pequeñas que a veces cambian la historia de un país. Mari Carmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada de la casa donde había vivido durante 71 años y la sacaron en camilla. En aquel momento nadie podía saberlo, pero en España se había roto algo.
La impactante imagen corrió por las redes sociales y los medios de comunicación, la indignación encontró una calle que ya estaba movilizada por los sindicatos de inquilinas y la calle convirtió una historia humana en un gran conflicto político.
En solo doce días, el nombre de Maricarmen pasó del timbre de aquel portal a ser la clave de un real decreto del Consejo de Ministros, del Consejo de Ministros al Congreso y del Congreso a unas elecciones generales. Pedro Sánchez las ha convocado formalmente para el 29 de noviembre. Pero la historia de esta convocatoria había comenzado antes, aquel 23 de septiembre, cuando unos sanitarios sacaron de su casa a una mujer de 87 años en camilla.
Durante semanas, muchos analistas y opinadores nos habían explicado que el gran terremoto político que cambiaría la legislatura sería el drama de Ceuta. Que la crisis migratoria cambiaría el tablero electoral, que Vox subiría, que el PP correría detrás suyo con el discurso antiinmigración, equiparando un drama humano con una «invasión», y que Pedro Sánchez quedaría atrapado entre la frontera de Marruecos y el miedo al «otro».
Parecía que el final de la legislatura tenía que escribirse en África, entre saltos de las vallas, migrantes nadando, expulsiones en caliente, seguridad, identidad nacional y discursos sobre el otro. Pero la realidad tiene la mala costumbre de no leer las noticias de los periodistas y los artículos de los opinadores antes de suceder. La realidad es tozuda. Ceuta no provocó la convocatoria electoral. Maricarmen, sí.
No porque una mujer de 87 años tenga ahora el poder de disolver las Cortes. Evidentemente. Mi titular intenta explicar una cosa mucho más interesante. El desahucio conectó una historia individual con un gran malestar colectivo que hacía tiempo que, de alguna manera, buscaba un rostro humano. Maricarmen podría haber sido un desahucio más, un vídeo compartido durante unas horas en las redes sociales indignadas, otra dosis de malestar condenada a desaparecer bajo la nueva indignación del día siguiente. Pero esta vez la calle recogió aquella imagen e hizo con ella una cosa muy antigua y hoy casi revolucionaria: convertir el dolor privado en un problema público.
El desahucio conectó una historia individual con un gran malestar colectivo que hacía tiempo que, de alguna manera, buscaba un rostro humano
Las movilizaciones, las acampadas de la Puerta del Sol y la plaza de Catalunya, la actividad continuada de los sindicatos de inquilinas y una indignación que ya venía cocinada desde mucho antes encontraron en aquella mujer una imagen imposible de esquivar. Maricarmen no creó el problema de la vivienda. El problema ya estaba allí. Lo que hizo aquella camilla fue volver imposible no mirarlo.
Y entonces su nombre empezó a viajar. Del portal a la calle. De la calle a los medios. De los medios al Consejo de Ministros. Y del Consejo de Ministros al Congreso. Los dos decretos de vivienda acabaron siendo conocidos como los decretos «Maricarmen». Y Junts —comportándose como la derecha conservadora y rentista que aparenta ser— votó con el PP y Vox. Una abstención de sus siete diputados habría sido suficiente para que una de las medidas sociales saliera adelante. Los dos decretos cayeron y, tres días después, Sánchez convocaba elecciones para el 29 de noviembre.
La secuencia es importante porque nos recuerda algo que a menudo olvidamos cuando confundimos la política con lo que hacen los políticos, cuando explicamos la política desde lo que dicen los partidos: el poder no circula siempre de arriba hacia abajo. A veces una historia individual encuentra un movimiento activo y bien organizado como el sindicato de inquilinas; el movimiento transforma la indignación en presión; la presión obliga a un gobierno atrapado a reaccionar; la reacción llega al Parlamento y una votación parlamentaria acaba alterando el calendario vital y social de un país. No pasa cada día. Pero, a veces, pasa.
¿Cuánto cuesta una vida?
La vivienda ha dejado de ser una carpeta sectorial porque ha entrado hasta el comedor de casa. Es el joven de treinta años que aún duerme en la habitación donde creció. Es una pareja que echa números antes de tener un hijo. Es una familia que abandona su barrio porque ya no se lo puede permitir. Es quien trabaja en Barcelona pero tiene que ir a vivir cada vez más lejos. Es mirar la cuenta corriente el día 5 y descubrir que buena parte de tu salario ya ha desaparecido solo por haber comprado el derecho a dormir a cubierto treinta días más bajo el mismo techo.
La vivienda es vivienda, claro. Pero también es clase social, salario, tiempo, familia, cuidados, salud, hijos, desigualdad, barrio y futuro. Es una de las formas más precisas de medir cuánto cuesta hoy tener una vida digna de ser llamada vida.
Durante demasiados años aceptamos, además, que no poder pagar el alquiler era casi un fracaso personal. Típicos discursos de una determinada manera de entender el mundo. No ganas lo suficiente. No te has esforzado lo suficiente. Has elegido un barrio demasiado caro. Deberías compartir piso. Deberías irte más lejos. Deberías haber ahorrado más. Deberías haber comprado antes. Siempre había algo que habías hecho mal.
El movimiento por la vivienda ha roto esta gramática de la culpa. Ha cogido miles de problemas aparentemente individuales y los ha puesto uno al lado del otro hasta que ha aparecido una pregunta política clave: ¿cómo puede ser que trabajar todos los días y bien ya no garantice poder pagar el lugar donde vives?
Aquí es donde la comparación con Ceuta adquiere todo el sentido. Ceuta nos invitaba a mirar hacia fuera y, sobre todo, hacia abajo. A buscar el origen de nuestro malestar en aquel que llega, en el migrante pobre, en el menor extranjero sin recursos, en alguien que casi siempre tiene menos que nosotros pero a quien resulta extraordinariamente fácil responsabilizar de lo que nos pasa. Es una operación política muy antigua y muy eficaz: en medio de la incertidumbre siempre gana el miedo; el miedo a perder algo y la facilidad de señalar a alguien todavía más pobre y vulnerable del que te dicen que viene a quitarte todo lo poco que tienes.
La vivienda obliga a girar la cabeza en otra dirección. ¿Quién tiene las casas? ¿Quién fija los precios? ¿En qué barrios viven? ¿Quién acumula decenas, centenares de propiedades? ¿Quién hereda? ¿Quién paga? ¿Quién cobra? ¿Quién se comporta como un buitre? ¿Quién puede continuar viviendo en el centro de Barcelona, Madrid, Valencia, Girona, Málaga, Sabadell o Palma y quién es expulsado lentamente? ¿Quién mira una casa y ve un lugar donde vivir y quién ve un «activo» con una gran rentabilidad anual?
Un derecho con precio de mercado
Hemos construido una contradicción formidable y hemos aprendido a convivir con ella como si fuera perfectamente normal. La Constitución dice que la vivienda es un derecho. El mercado dice que es un activo. Para quien vive en él, un piso es refugio, intimidad, familia, recuerdos, vecinos. Para quien invierte en él es pura rentabilidad. Ambas lógicas pueden convivir durante un tiempo. El problema llega cuando dejan de poder hacerlo. Y entonces descubrimos quién acostumbra a ganar y, sobre todo, quién ha ganado durante los últimos cincuenta años.
Hace 47 años que la Constitución española reconoce, en su artículo 47, el derecho a una vivienda digna y ordena a los poderes públicos regular el uso del suelo para impedir la especulación. Es decir, desde 1978 existe un mandato constitucional explícito para intervenir en el mercado. La crítica apunta de manera directa, por tanto, a todos los gobiernos que se han sucedido durante casi medio siglo. El problema no sería la falta de herramientas legales, sino la insuficiente voluntad política para utilizarlas.
Desde 1978 existe un mandato constitucional explícito para intervenir en el mercado. La crítica apunta de manera directa, por tanto, a todos los gobiernos que se han sucedido durante casi medio siglo
En lugar de atacar la raíz del problema y poner límites efectivos y prácticos a la especulación, las administraciones han dedicado buena parte de sus esfuerzos a paliar las consecuencias: ayudas, subvenciones y recursos públicos para hacer asumibles unos precios cada vez más elevados. No hay que olvidar que intervenir en el mercado inmobiliario no es ninguna extravagancia y que se hace en países europeos como Alemania o Noruega. La crisis de la vivienda, por tanto, no es solo un fracaso del mercado; es también, y sobre todo, el resultado de casi medio siglo de decisiones —y omisiones— políticas.
Hemos explicado muchas veces esta historia hablando de los grandes fondos buitre. Existen, tienen un poder enorme y han contribuido a convertir la vivienda en un producto financiero. Pero sería demasiado cómodo imaginar que toda la especulación vive en un rascacielos lleno de señores con corbata. La cultura rentista se ha extendido mucho más. Hay pequeños inversores, sociedades patrimoniales, pisos heredados convertidos en planes de pensiones, alquileres temporales, turistas, habitaciones compartidas a precios imposibles y propietarios que nunca se considerarían especuladores pero que han aprendido la misma regla que los grandes fondos carroñeros: si alguien necesita desesperadamente una cosa que tú tienes, puedes intentar cobrarle tanto como sea capaz de soportar.
Hay grandes buitres y hay carroñeros mucho más pequeños, mucho más próximos, incluso perfectamente respetables. Y este es precisamente el problema. No hace falta sentirse carroñero para participar de la lógica de la carroña. No es una cuestión de encontrar propietarios buenos y propietarios malos. Es una cuestión sistémica: cómo hemos decidido que una necesidad humana fundamental, tener un techo, sea a la vez una de las formas más seguras y rentables de acumular patrimonio y obtener privilegios.
La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, pero la realidad económica recompensa a quien extrae la máxima rentabilidad de ella. Cuando estas dos lógicas chocan, la Constitución queda muy bonita enmarcada en la pared, pero el mercado, mientras tanto, cobra cada principio de mes.
Sánchez quiere aprovechar la indignación
Pedro Sánchez ha entendido perfectamente la oportunidad. Después de una legislatura castigada por los casos de corrupción alrededor del PSOE, por una mayoría parlamentaria insuficiente y agotadora y por la crisis de Ceuta, la vivienda le permite intentar mover la campaña hacia un territorio más favorable para la izquierda: las condiciones materiales de vida. Salarios, alquileres, servicios públicos, clase, desigualdades. O, dicho de una manera menos demoscópica, lo que vendría a ser llegar a fin de mes.
Puede ser una buena jugada. Quizás incluso la última gran jugada de Sánchez. Pero contiene una contradicción que no podrá esconder bajo ningún eslogan electoral: no se puede convertir a Maricarmen en símbolo sin cargar también con su camilla.
Si el PSOE quiere preguntar durante la campaña por qué Junts, PP y Vox tumbaron los decretos, tendrá que aceptar otra pregunta: ¿por qué, después de siete años de gobiernos presididos por Pedro Sánchez, una mujer vulnerable de 87 años podía seguir siendo desahuciada de la casa donde había vivido durante siete décadas?
El Gobierno ha aprobado medidas importantes y ha introducido regulaciones que hace unos años parecían políticamente imposibles. Negarlo sería injusto. Pero legislar no es lo mismo que resolver problemas cotidianos. El parque público sigue siendo insuficiente. Los alquileres siguen comiéndose una parte enorme de los salarios. La emancipación juvenil parece una expresión arqueológica. Es muy difícil superar el racismo inmobiliario real que impide, de facto, alquilar un piso a personas con un color de piel diferente al mío u otro acento; y demasiadas personas siguen viviendo en Cataluña y España con la sensación de que una renovación del contrato puede obligarlas a reorganizar toda su vida.
En vivienda, al Gobierno de Sánchez y a sus socios les sobran declaraciones de intenciones, gestos y palabras. Faltan casas públicas, alquileres asequibles, alternativas reales a los desahucios, regulaciones que funcionen y políticas que puedan explicarse sin PowerPoint a alguien que dedica medio sueldo a cincuenta metros cuadrados. Sobran gestos. Faltan hechos. Muchos. Concretos, reales, directos.
Una izquierda buscándose mientras la calle ya se ha encontrado
A la izquierda del PSOE la situación es todavía más paradójica. Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes intentan articular un Frente Amplio mientras continúan buscando candidato. Podemos queda fuera e Irene Montero reclama primarias. Los nombres circulan, las siglas negocian, los equipos echan números. Quedan menos de dos meses. Y mientras la izquierda intenta averiguar cómo volver a sumarse, una parte de la sociedad ya se ha sumado por su cuenta. En los sindicatos de inquilinas. En las plataformas. En las acampadas. En las manifestaciones. En los bloques que se organizan en las calles cuando llega un desahucio. En las personas que han descubierto que el problema del vecino del tercero se parece mucho al suyo.
Quizás aquí hay una lección que la izquierda institucional debería escuchar antes de intentar representar a nadie. La fuerza de este movimiento no proviene de un nuevo logotipo ni de una coalición electoral. Proviene de una experiencia compartida. De saber que, mientras discutimos sobre siglas e ideas elevadas, millones de personas hacen cada mes exactamente el mismo gesto: mirar el saldo del banco después de pagar el alquiler.
Y la disputa con la extrema derecha pasa también por aquí. Cuando alguien que llega justo a fin de mes escucha que su problema es un migrante que todavía tiene menos que él, la izquierda no puede limitarse a responder con superioridad moral. Necesita ofrecer una explicación mejor del mundo. Si a ti te faltan las migajas, quizás el problema no es aquel que no tiene ni migajas.
Cataluña también echa cuentas
En Cataluña, la disolución de las Cortes deja buena parte de la política negociada en Madrid colgando de un hilo: la financiación vinculada a la investidura de Salvador Illa, Rodalies, la condonación de una parte del FLA, las competencias en inmigración reclamadas por Junts o la oficialidad del catalán en Europa. De golpe, meses de negociaciones pueden convertirse en material de campaña.
Junts llega, además, en una posición especialmente incómoda. Ha votado con el PP y Vox contra los decretos mientras mira constantemente hacia Aliança Catalana e intenta evitar que Orriols continúe comiéndole terreno. Aliança no se presenta a las generales y una parte de aquel electorado tendrá que buscar otra papeleta. Junts puede acabar disputándose con Vox algunos de los mismos votantes ante los cuales ha querido demostrar dureza.
La ironía es considerable. Para proteger su flanco derecho, Junts ha contribuido a precipitar unas elecciones en las que la vivienda, una cuestión profundamente social, puede acabar ocupando el centro de la campaña. La política catalana descubrirá así, una vez más, que se puede discutir largamente sobre la nación, la identidad, el «derecho a decidir» y las fronteras, pero a primeros de mes llega el recibo del alquiler.
La historia tiene calle
Y así volvemos al número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda. Porque si explicamos estas elecciones solo como otra jugada de Pedro Sánchez nos perderemos probablemente lo más interesante de lo que acaba de pasar. Sánchez ha hecho sus cálculos. Feijóo hará los suyos. Abascal, Junts, ERC y una izquierda que intenta reconstruirse harán los suyos. Llegarán las encuestas, los debates, los estrategas y aquella extraordinaria industria que durante unas semanas convierte millones de vidas diferentes en porcentajes.
Pero antes de los porcentajes había una mujer. Una mujer de 87 años que quería continuar viviendo en su casa. El 23 de septiembre la desahuciaron y salió en camilla. Aquella imagen encontró una indignación que ya existía. La indignación encontró una calle. La calle encontró organización. La organización convirtió un drama privado en un gran conflicto público. El conflicto obligó al Gobierno a reaccionar. La respuesta llegó al Congreso. El Congreso la tumbó. Y doce días después Pedro Sánchez convocó elecciones.
Eso es lo que significa decir que Maricarmen convoca elecciones. No que una mujer de 87 años haya disuelto las Cortes. Significa una cosa políticamente mucho más interesante. Durante doce días hemos podido observar, casi fotograma a fotograma, cómo funciona el poder cuando el poder no baja desde un despacho sino que sube desde la calle. Y no sería la primera vez.
En 2003, millones de personas salieron a las calles contra la decisión del Gobierno de José María Aznar de apoyar la invasión de Irak. Aquel «No a la guerra» abrió una grieta enorme entre un gobierno con mayoría absoluta y una parte muy importante de la sociedad. No explica por sí solo la derrota electoral del PP un año después —entre una cosa y la otra están los atentados del 11-M y la gestión política e informativa de aquellos días—, pero dejó una imagen difícil de olvidar: un gobierno podía tener mayoría absoluta en el Congreso y, al mismo tiempo, quedarse en minoría en la calle.
Unos años después llegó el 15-M. Otra plaza que, según los manuales de política, tampoco debía cambiar gran cosa. «No nos representan» parecía una consigna más y acabó convirtiéndose en el diagnóstico de una crisis profunda de representación. De aquellas plazas salieron lenguajes nuevos, organizaciones, partidos, liderazgos, alcaldías y una recomposición del sistema político español que duró años. La política institucional, una vez más, llegó después. Primero había llegado la calle.
Maricarmen no es el «No a la guerra». Los movimientos de los sindicatos de inquilinas no son el 15-M. Cada momento tiene su propia historia, sus causas y sus contradicciones. Pero comparten algo fundamental: el momento en que la ciudadanía, harta, deja de comportarse como audiencia pasiva y decide convertirse en actor de su propio guion. Quizás aquí está una de las grandes disputas políticas de nuestro tiempo.
Vivimos fascinados por las pantallas. Nos han convencido de que el mundo pasa allí dentro. Que la opinión pública es opinión, un trending topic. Que la política es un vídeo de quince segundos de un candidato en bicicleta. Que una sociedad completa puede leerse en un algoritmo hecho de ceros y unos. Que unas elecciones se ganan segmentando audiencias y aplicando tablas. Y que el futuro será administrado por una nueva aristocracia de tecnoligarcas capaz de saber qué miramos, qué compramos, qué deseamos y quizás incluso qué votaremos antes que nosotros mismos. Es una fantasía de poder formidable. Si controlas la pantalla, controlas la realidad. Pero la historia es bastante más tozuda. Los grandes cambios continúan necesitando una tecnología mucho más antigua. El cuerpo.
Cuerpos
Cuerpos que salen de casa. Que ocupan plazas. Que caminan bajo la lluvia. Que gritan. Que se organizan. Que hacen huelga. Que detienen un desahucio. Cuerpos que se encuentran con otros cuerpos y descubren que lo que cada uno sufría en silencio tenía un nombre compartido.
El poder digital puede decidir buena parte de lo que vemos. Los tecnoligarcas pueden comprar plataformas, manipular algoritmos y convertir cada segundo de nuestra atención en mercancía. Los gobiernos pueden estudiar encuestas, segmentar electorados y contratar estrategas para administrar nuestros miedos. Pero hay una cosa que continúa siendo mucho más difícil de controlar: el momento justo en que una sociedad deja de mirar la pantalla y decide salir a la calle.
Porque los grandes hechos de la historia todavía pasan en las calles, no en las pantallas. Las pantallas pueden explicarlos, deformarlos, amplificarlos o convertirlos en contenido. Pero la historia comienza cuando alguien sale de casa, encuentra a alguien más y los dos descubren que juntos pueden modificar —un poco— el guion. El movimiento por la vivienda nos recuerda ahora una cosa todavía más elemental: un problema deja de ser privado cuando miles de personas descubren que están sufriendo lo mismo. Y esta es probablemente la lección más interesante de estas elecciones.
Pedro Sánchez intentará convertir esta fuerza en votos. Es legítimo. Para eso sirven también las elecciones. Pero el movimiento por la vivienda tendrá que decidir si su horizonte acaba el 29 de noviembre o si empieza precisamente al día siguiente. Porque si después de contar los votos continuamos contando desahucios, habremos entendido muy poco. Si cambiamos diputados pero no cambiamos las condiciones que hicieron posible aquella camilla de Maricarmen, toda esta extraordinaria agitación habrá servido para decidir quién gobierna, pero no necesariamente para decidir cómo vivimos.
El 23 de septiembre, Maricarmen no quería interrumpir ningún guion. No quería provocar una crisis parlamentaria. No quería precipitar unas elecciones. No quería convertirse en símbolo de nada. Quería quedarse en casa. Pero salió de aquel portal de Madrid en una camilla. La calle recogió aquella imagen y la convirtió en una pregunta política que acabará en las urnas. Quizás, cuando los gurús nos vuelvan a explicar que todo pasa dentro de una pantalla, deberíamos recordar que la historia todavía tiene calle.
Y esta vez, en la calle, Maricarmen ha convocado unas elecciones.
