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El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 17 de julio publicaba una resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática muy curiosa. El día antes del nonagésimo cumpleaños del golpe de estado del general Franco, la resolución declaraba «el edificio situado en vía Laietana, 43, de Barcelona», Lugar de Memoria Democrática, aclarando que esta declaración «no altera su uso actual». Este uso, como es bien sabido, es el de Prefectura Provincial de la Policía estatal. La resolución afirma que «con la recuperación de la democracia, el edificio pasó a ejercer funciones propias de la actual Policía Nacional, integrada en el marco constitucional y plenamente comprometida con la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía».
A veces se producen casualidades muy crueles. Unos días después de la aparición de la resolución, transcendía la noticia de que el Gobierno austríaco ha decidido ubicar un centro policial en la casa natal de Adolf Hitler en el municipio de Braunau am Inn para evitar que los seguidores del dictador nazi visiten el edificio. La intención de los gobernantes austríacos es muy clara: convertir la casa en una instalación policial impedirá que los admiradores de Hitler utilicen el edificio para reivindicar su aciaga memoria. En Barcelona, a los demócratas que sufrieron torturas en vía Laietana, 43, se les aplica la misma receta y se les niega el derecho a ver el edificio convertido en un Espacio de Memoria visitable porque continúa siendo utilizado por el Cuerpo Nacional de Policía. La diferencia es que en Austria se impide la apología de un régimen criminal, mientras en Cataluña se obstaculiza que los demócratas puedan ejercer su derecho a la memoria. ¿Qué puede pasar aquí si algún ciudadano o ciudadana se presenta a la puerta de este Lugar de Memoria y dice que quiere ver las prisiones y los despachos donde fue torturado su abuelo o su abuela?
La resolución del BOE parece redactada por dos Ministerios con actitudes confrontadas; el PSOE quiere y no puede (o quizás es que no quiere). La primera parte, a pesar de que, todo sea dicho, se esfuerza al implicar también a la época republicana en episodios de represión, describe bastante correctamente las torturas que en la comisaría de vía Laietana, sede de la Brigada Político Social, se practicaban durante el franquismo y define el edificio como «un símbolo de la represión sistemática ejercida por la dictadura franquista»: esta sería la parte redactada desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La segunda parte es mucho más corta y se nota la mano del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: este símbolo de la represión puede continuar siendo utilizado para finalidades policiales. Basta con colocar una placa o una señalización explicativa. Alguien ha calificado la resolución como un primer paso, pero es un primer paso contradictorio e incluso humillante.
Este enfoque injustificable ha provocado oposición dentro del mismo gobierno central: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido que vía Laietana 43 deje de ser una instalación policial y pase a ser exclusivamente un Espacio de Memoria. Las entidades memorialistas, que hace años que reclaman convertir la comisaría en un lugar que recuerde y explique la represión franquista, han expresado su indignación. El año pasado ya habían publicado un manifiesto considerando «incompatible» que vía Laietana sea comisaría y espacio de memoria a la vez.
Las entidades memorialistas, que hace años que reclaman convertir la comisaría en un lugar que recuerde y explique la represión franquista, han expresado su indignación
El argumento oficial del PSOE es que una policía democrática puede perfectamente utilizar aquel edificio maldito. Y lo más grave: el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en sede parlamentaria, mantenía la misma explicación a preguntas de la presidenta del grupo de los Comunes, Jessica Albiach.
Grande-Marlaska es prisionero de la presión de unos sindicatos de la Policía Nacional y de unas asociaciones de la Guardia Civil cada vez más escoradas a la derecha, y es esclavo de su obsesión por mantener una sede del Cuerpo de la Policía Nacional en el centro de Barcelona para evitar lo que él considera que sería una victoria «de los independentistas»: que la Policía del Estado marchara fuera del centro de la ciudad. Pero hay otros edificios céntricos propiedad del Estado en la capital catalana; incluso se podría negociar una permuta con alguna propiedad municipal, a pesar de que conviene no olvidar que vía Laietana 43 pertenecía a la Generalitat y fue requisada por el franquismo. Pero lo que refleja esta postura defensiva es que todavía se arrastra la no aceptación de que, según la legalidad vigente, la policía integral en Cataluña es el Cuerpo de los Mossos d’Esquadra, no la Guardia Civil ni el Cuerpo Nacional de Policía. Es la misma filosofía que llevaba a una delegada del gobierno central del PP a ordenar que los vehículos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se pasearan por las calles y carreteras de Cataluña sin ejercer ninguna misión para «demostrar que todavía estamos aquí». La misma filosofía que inspira las declaraciones del actual delegado socialista del gobierno, Carlos Prieto, emperrado en una particular cruzada para presentar a la Policía Nacional y la Guardia Civil como base de la seguridad de Cataluña cuando su papel tendría que ser subsidiario de los Mossos y centrado en unas cuántas competencias muy determinadas. El debate no tiene nada que ver con el independentismo, se trata de acatar el marco legal vigente, y el delegado del gobierno central tendría que ser el primero en dar ejemplo.
La excusa que se utiliza, que ahora la policía estatal es democrática, nos lleva, sin entrar en actuaciones polémicas más recientes, a preguntarnos: ¿un agente de la policía del Estado convencidamente demócrata no preferiría que sus dependencias se trasladaran a un lugar que no recordara una etapa negra de la historia de la policía española? ¿No le incomoda trabajar en un espacio donde tanta gente sufrió maltratos por defender la democracia? ¿No ve las sombras de los hermanos Crece y otros policías franquistas deformando la cara de Sebastià Piera o torturando a Tomasa Cuevas, Blanca Serra, Jordi Carbonell, Miguel Nuñez o el actual presidente de la Asociación de Personas Ex-Presas Políticas del Franquismo, Carles Vallejo? ¿No cree que sería mejor marcharse de allá para ir a unas instalaciones más modernas y más limpias en todos los sentidos?
Pero quizás la pregunta tendría que ser otra: ¿qué piensan los militantes socialistas de esta situación vergonzosa y a qué esperan para hacer público un posicionamiento coherente con su ideología?
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