La semana pasada, Maricarmen Abascal salió de su casa en una camilla. Tiene 87 años y llevaba 71 viviendo en el mismo piso del barrio del Retiro de Madrid. Había llegado en 1955, cuando aún era una niña. Durante décadas, su familia y después ella misma habían pagado el alquiler. El contrato, de renta antigua, había pasado primero del padre a la madre y después a ella, pero esta segunda subrogación abrió la puerta legal a extinguirlo. Cuando la vivienda cambió de manos, la nueva propiedad planteó una renta muy superior a los aproximadamente 500 euros que pagaba. Tras varios intentos de desahucio, el 23 de septiembre una fuerte presencia policial permitió ejecutar finalmente el lanzamiento. Maricarmen, con un 50% de discapacidad reconocida, abandonó en camilla la casa donde había pasado prácticamente toda la vida. No era su casa, según la ley, pero era su hogar.
Un fenómeno al orden del día
En el otoño de 2026 un desahucio no es ninguna novedad, ni mucho menos. Forma desgraciadamente parte de nuestra realidad cotidiana. Cataluña sigue siendo uno de los territorios del Estado donde se practican más lanzamientos judiciales. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, solo durante el primer semestre de 2025 se ejecutaron 3.979: 2.069 entre enero y marzo y 1.910 entre abril y junio. Casi tres de cada cuatro (2.995) procedían de procesos relacionados con arrendamientos.
En el primer trimestre, Cataluña concentró el 28,2% de todos los lanzamientos practicados en España, mientras que en el segundo fue el 27,4%. Son datos que no permiten identificar con precisión cuántos de estos casos corresponden a la región metropolitana de Barcelona, pero es razonable situar en ella una parte muy significativa del problema, tanto por el peso demográfico de la metrópoli como por la fuerte presión que sufre el mercado del alquiler. Y, sobre todo, porque estas cifras solo recogen los casos que acaban llegando a los juzgados, de manera que dejan fuera muchas otras formas de pérdida o expulsión residencial que no generan ninguna orden de lanzamiento.
Estos días hemos conocido también el caso de un matrimonio de Badalona, de 81 y 74 años, amenazado con perder el piso donde vive desde hace más de cuarenta años tras haber avalado la hipoteca de un hijo. El lanzamiento ha quedado aplazado, de momento. Pocos días antes trascendía el caso de Olga, vecina de Santa Eulàlia, en L’Hospitalet, que se había suicidado meses después de perder su casa. Las entidades que la habían acompañado han relacionado el proceso de desahucio con el deterioro de su situación, si bien, evidentemente, un suicidio es siempre un fenómeno multicausal que no admite explicaciones simples.
Todo esto sucede, además, cuando se ha debilitado una de las redes que habían contenido las situaciones más extremas. El Gobierno español aprobó en febrero un decreto que prorrogaba hasta finales de 2026 la posibilidad de suspender determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Pero el Congreso lo derogó el 26 de febrero por 177 votos contra 172 y una abstención, de modo que aquella prórroga dejó de tener efecto.
La consecuencia de esta desprotección puede ser un aumento de los desahucios si no se articulan nuevos mecanismos que eviten los lanzamientos de personas vulnerables sin alternativa residencial. Pero el caso de Maricarmen ha provocado precisamente una reacción como hacía tiempo que no se veía. Su desahucio ha desencadenado movilizaciones en varias ciudades y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid que ha convertido su nombre en símbolo de una protesta mucho más amplia por el derecho a la vivienda.
La presión social ha provocado que ayer el Consejo de Ministros haya aprobado dos reales decretos en materia de vivienda como respuesta al decreto Maricarmen, propuesto por los sindicatos de inquilinas. Entre las medidas anunciadas está la ampliación de la protección ante los desahucios, la prórroga de determinados contratos de alquiler y una regulación más estricta de los alquileres de temporada y de habitaciones. Su continuidad dependerá, sin embargo, de la convalidación del Congreso.
Lo más significativo, en todo caso, es que un desahucio concreto de entre tantos como se producen haya conseguido volver a situar en el centro del debate público la pregunta de hasta dónde puede llegar el derecho de propiedad cuando entra en conflicto con el derecho a conservar el hogar.
Tener que renunciar a un hogar
El lanzamiento judicial, sin embargo, es solo la forma más visible y dramática de perder una vivienda. Hay otra mucho más discreta, que es la que llamamos desahucio silencioso. Simplemente se acaba el contrato de alquiler y la persona que vive en él no lo puede renovar porque el nuevo precio es inasumible o la propiedad prefiere recuperar la vivienda. Formalmente, nadie ha sido desahuciado, pero irse del que durante un tiempo más o menos largo ha sido tu hogar se le parece mucho, eso sí, sin comitivas judiciales, policías ni concentraciones de vecindario y de activistas en el portal.
Sabemos mucho menos de estos casos porque las estadísticas judiciales no los recogen y porque poca gente asume sin vergüenza o sentimiento de culpa esta situación como para ir pregonándola. Pero tenemos indicios de su dimensión. Según la Encuesta de demanda de vivienda en Cataluña, del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, a finales de 2025 un 11% de las personas que buscaban una vivienda de alquiler lo hacían precisamente por finalización del contrato o riesgo de desahucio. En el área metropolitana, además, destaca especialmente otro motivo muy similar, como es buscar una vivienda más barata porque el coste de la actual ya no se puede asumir aunque el contrato esté en vigor.
El coste del alquiler, pues, mueve cada vez a más personas de Barcelona hacia otros municipios, de los municipios mejor conectados hacia los más periféricos, de la vivienda entera hacia la habitación, de vivir solas a volver a compartir piso. Se habla mucho, pero se resuelve poco, de la soledad no deseada.
Ahora tendremos que empezar a hablar también de la «compañía no deseada». El mapa residencial de la metrópoli también se está dibujando a partir de una serie de nuevos conceptos que pronto habrá que incorporar a los temarios de sociología.
Desahuciados sin saberlo
Y aún hay otra forma de exclusión residencial que se produce incluso antes de haber podido disponer de un hogar propio. En Cataluña, en 2025 solo el 18,6% de los jóvenes de 16 a 29 años estaban emancipados del hogar familiar, muy lejos del 32,6% alcanzado antes de la crisis financiera. No los podemos considerar desahuciados en sentido estricto, porque nadie los ha echado de ninguna parte. Pero sí que han quedado, en buena medida, fuera de la posibilidad de entrar en él.
Hemos construido así una sociedad con una paradoja tremenda. A una mujer mayor que vive de alquiler se la puede echar del piso donde ha pasado setenta años. En el caso de una persona mayor que es propietaria, mientras tanto, los hijos o los nietos pueden contemplar ese mismo piso como su principal (a veces única) esperanza de poder acceder algún día a una vivienda propia.
Lo explicó con una contundencia difícil de superar Mónica Sierra Gil, una valenciana de 26 años, en una carta publicada por El País este verano. Tiene carrera, un máster, hace un doctorado y trabaja. Pero cuando murió su abuela y tuvo las llaves de su casa en las manos constató un hecho devastador: «Nada de eso me había acercado tanto a una vivienda como una muerte». Habría preferido, escribía, «una abuela viva y una casa donde invitarla a comer». Es difícil resumir mejor la fractura generacional que provoca la vivienda. Durante décadas asociamos la posibilidad de tener un hogar al trabajo, el ahorro y la progresiva mejora de las condiciones de vida. Ahora, para una parte creciente de la población, el acceso al patrimonio depende sobre todo de si la familia ya tenía. La herencia sustituye al ascensor social. Y quien no tiene patrimonio familiar queda condenado a competir en un mercado de alquiler cada vez más inaccesible.
Un nuevo marco mental
El caso de la ya tristemente célebre Maricarmen ha tenido todavía otros efectos inquietantes. Desde las inefectivas discrepancias entre administraciones sobre quién debía actuar o qué solución se le podía ofrecer (el Ministerio había pedido detener el desahucio, mientras el Ayuntamiento sostenía que le había ofrecido una alternativa residencial y la Comunidad de Madrid se desentendió) hasta determinadas reacciones sociales que el caso ha provocado.
En las redes y en los comentarios de las noticias ha habido una reacción bastante generalizada de indignación, al menos aparentemente, porque hoy todo depende del algoritmo que te elige lo que tienes que ver, claro. Pero también han proliferado de manera descarada quienes han convertido a Maricarmen casi en culpable de su situación. ¿Cómo podía pretender seguir pagando 500 euros en ese barrio? ¿Por qué debía tener ese privilegio después de tantos años? E, incluso, ¿por qué había que compadecerla si había sido funcionaria?
Este último reproche me llamó la atención, y no tanto porque sea funcionario (en excedencia) como por lo que muestra de hacia dónde está evolucionando el marco mental de una parte importante de la ciudadanía. Vivimos en una sociedad en la que ser funcionario todavía es presentado a menudo como una aspiración sospechosa asociada a un poco reprochable deseo de estabilidad laboral, cobrar cada mes y no correr grandes riesgos (de la vocación de servicio público ya casi nadie habla).
En cambio, la especulación es defendida, practicada e incluso celebrada. Lo vemos en aspectos que van desde la naturalización de la reventa de entradas hasta el auge del mundo de las criptomonedas. Por supuesto, también en la vivienda.
Es aquí donde el debate va mucho más allá de unos cuantos especuladores. Cuando el rendimiento esperable de una vivienda se convierte en la vara con la que medimos cualquier decisión y mantener un alquiler asequible parece perder dinero, la vivienda deja progresivamente de ser percibida como un hogar para convertirse sobre todo en un activo.
La vivienda, pues, es un elemento más, especialmente sensible, eso sí, de este panorama. De entre las múltiples lecturas que se han publicado en los últimos meses sobre el tema, la autobiográfica Un metre quadrat de Llucia Ramis recoge un testimonio significativo de cómo la de la especulación es ya una trayectoria vital perseguida por mucha gente: «Tengo veintiséis años y no necesito una pensión. Mi imperio inmobiliario español financiará mi jubilación», leyó la escritora mallorquina que decía una joven norteamericana en un reportaje en The New York Times.
Naturalmente, no todos los propietarios que tienen pisos donde no viven son especuladores, ni siquiera son rentistas. Se puede ser rentista sin especular. Tratar de vivir de lo que ya tienes o contar con unos ingresos extra no es ningún mal. Aprovecharte de la situación de los demás para pedir más de lo que toca ya es más discutible.
No todos los propietarios que tienen pisos donde no viven son especuladores, ni siquiera son rentistas. Se puede ser rentista sin especular. Aprovecharte de la situación de los demás ya es más discutible
En la metrópoli de Barcelona conviven grandes tenedores, empresas, pequeños propietarios que complementan sus ingresos con un alquiler y familias que disponen de una segunda vivienda por circunstancias muy diversas.
Pero tampoco podemos ignorar las señales y los incentivos, que juegan un papel fundamental en el funcionamiento de nuestra economía. Así, cuando consideramos normal que el valor principal de una vivienda sea el rendimiento económico que se puede extraer de ella, cuando el precio que alguien puede pagar deja de tener relación alguna con los salarios del lugar donde vive, cuando quien podría mantener un alquiler asequible siente que está «perdiendo dinero» porque no cobra todo lo que el mercado le permitiría cobrar, el problema ya no es solo la actuación de algunos especuladores. Es el marco mental dentro del cual todos tomamos decisiones.
Y este es probablemente el desahucio que más daño hace a nuestra sociedad: haber ido expulsando la idea de que la vivienda es, antes que cualquier otra cosa, el lugar donde transcurre la vida. Nuestro hogar. La piedra angular de cualquier proyecto vital digno.
En lo que se considera el siglo de las ciudades, una metrópoli como la nuestra debe ofrecer la posibilidad de que las personas puedan construir en ella una trayectoria vital
En lo que se considera «el siglo de las ciudades», una metrópoli como la nuestra debe ofrecer la posibilidad de que las personas puedan construir en ella una trayectoria vital. Que alguien que ha vivido setenta años en un barrio no tenga que salir de él en una camilla bajo los focos y rodeada de gritos y golpes de porra. Que una familia no tenga que irse del lugar donde tiene sus vínculos porque le vence un contrato que no le permiten renovar. Y que una joven no tenga que esperar a que muera su abuela para poder imaginar que, algún día, tendrá casa propia.
Más allá de los planes y las normativas sobre las que se trabaja, un gran pacto en defensa del derecho a la vivienda es hoy más urgente que nunca.
Artículo original publicado en Catalunya Metropolitana
