Desde el 20 de octubre, el edificio histórico de la Universitat de Barcelona funciona como Casa de la Vaga. Allí se reúnen los comités que preparan la huelga general del miércoles, más de sesenta repartidos por Catalunya. La registraron en el Ministerio de Trabajo la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, CCOO, UGT, CGT, CNT, CO.BAS, la Intersindical y la Unión de Actores y Actrices. La Generalitat ha fijado unos servicios mínimos del 25 % en metro, Rodalies, FGC, tranvía y autobuses en las horas punta. La Comunidad de Madrid ha decretado el 80 % de los trenes de metro en hora punta y el 50 % el resto del día, unos porcentajes que CCOO de Madrid ha calificado de abusivos. En Barcelona, la manifestación central saldrá a las 17:30 de los Jardinets de Gràcia.
L’habitatge al centre
El Sindicato de Inquilinas reclama contratos de alquiler indefinidos, bajadas drásticas de los alquileres y la expropiación de los fondos buitre. También quiere que se prohíba comprar vivienda a quien no vaya a vivir en ella. CCOO y UGT llevan a la huelga subidas salariales de entre el 4 % y el 7 % y un salario mínimo un 7 % más alto en 2027. El manifiesto unitario catalán añade la jornada de 35 horas y un salario mínimo de 1.600 euros. Añade, además, algo que hace pocos años habría sonado extravagante: el reconocimiento de derechos sindicales en materia de vivienda, huelga de alquileres incluida. «Estamos hartas de no llegar a fin de mes y de destinar más de la mitad del salario a pagar la vivienda», resumió Montse Sánchez, portavoz de la Taula Sindical de Catalunya. En el corazón de la huelga está el hogar.
Maricarmen y Olga tuvieron nombre, fotografía y portadas, pero la mayoría de los casos nunca llega a un titular. En 2025 los juzgados practicaron 25.540 lanzamientos, según el Consejo General del Poder Judicial. Siete de cada diez fueron por impago del alquiler. Ese mismo año, las ejecuciones hipotecarias iniciadas crecieron un 35,6 %. La vivienda se ha convertido en una lacra que atraviesa la sociedad de punta a punta; alcanza al inquilino que encadena contratos, al hipotecado que vuelve a ver la ejecución en el horizonte y al joven que no puede irse de casa de sus padres.
El Banco de España calcula que el 20,2 % de los hogares vive ya de alquiler, más de seis puntos por encima de 2007, y que entre los menores de 30 años la proporción llega al 54,7 %. Los jóvenes con casa en propiedad han pasado en ese tiempo del 41 % al 22 %. En 2024 los hogares inquilinos destinaban de media el 26,7 % de su renta neta al alquiler, y uno de cada tres superaba el umbral del 30 %, que en Madrid y Barcelona ya rebasa la media. Una situación insostenible, que expulsa a los ciudadanos que vivieron toda una vida en la ciudad, y que ocluye el futuro de tantos y tantos jóvenes que ven con desesperación cómo se les niega el futuro. «Hay un problema tan generalizado, y ahora, de alguna forma, la gota que ha colmado el vaso ha sido el desahucio de Maricarmen», resume Jordi González Guzmán, profesor del Departamento de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, que vivió los inicios del Sindicat de Llogateres y le dedicó su tesis doctoral.
Divuit dies abans de les urnes
El calendario, en cualquier caso, es el que es: el 2 de octubre el Congreso tumbó los decretos de vivienda del Gobierno con los votos de PP, Vox y Junts —el cómplice habitual de la derecha cuando las cosas se ponen serias—. El día 5, Pedro Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre, y ese mismo día se anunció la huelga general. La fecha del 11 la propuso el Sindicato de Inquilinas después de hablar con los acampados de Sol. Quedaba a dos días del arranque de la campaña.
Esa coincidencia alimenta una lectura instrumental de la huelga, que la derecha política y económica trata de deslegitimar. Sílvia Orriols, líder de la formación catalana ultraderechista Aliança Catalana, rechazó participar en la huelga por tratarse de «una españolada», y la CEOE ha llegado incluso a cuestionar su legalidad por tratarse de una supuesta «huelga política». Obviamente, que se trate de la primera huelga general bajo los gobiernos de Sánchez le da munición a esa lectura. Otra cosa es que eso baste para explicarla.
A Jordi González Guzmán la acusación no le sorprende. «Que los partidos de derecha intenten contextualizar la huelga como una respuesta muy específica a los intereses del PSOE es normal, porque al final el eje principal aquí es quién está a favor de la especulación y quién está a favor de regular, de limitar los alquileres o de limitar la especulación». El riesgo que ve es otro, la disputa por apropiarse de lo que pase en la calle. «Los movimientos sociales tienen que trabajar con un discurso que sea autónomo, en el sentido de que haya una crítica al Gobierno, pero que haya una crítica principal a las derechas, al modelo de vivienda que hay en este país».
Esa autonomía viene de lejos. «Creo que es importante tener en cuenta la genealogía, que a veces no se tiene en cuenta», dice González Guzmán. La historia arranca en 2009 con la PAH y con una separación que llegó años después entre sus asambleas y las del futuro Sindicato de Inquilinas, explica. «La PAH empezaba a dejar de tener casos de personas que dejaban de pagar su hipoteca y a las que iban a desahuciar, y empezaba a tener muchas personas a las que iban a desahuciar por un impago del alquiler o por el fin del contrato». En mayo de 2017 una asamblea multitudinaria fundó el sindicato en Barcelona, casi a la vez que el de Madrid. Dos años después llegó la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que alargó los contratos de tres a cinco años, y a siete si el propietario es una empresa. Aquello, en 2019, fue un momento clave, recuerda. «Acabábamos de obligar a que las personas jurídicas, las empresas, de alguna forma tuvieran que hacerse cargo de los honorarios, aunque después salieron todas las trampas y los vacíos legales».
Para González Guzmán, fueron esos cambios legislativos los que llevaron a los grandes sindicatos a reconocer al de inquilinas como un sindicato propiamente dicho. Sol hizo el resto. El reto ahora, dice, es que esas reivindicaciones entren en el sentido común de una sociedad de propietarios, y cree que en parte ya ha ocurrido. «Hay mucha gente en España que es propietaria, pero está de acuerdo en que se tengan que limitar los alquileres y la especulación».
Dimecres es comptaran percentatges de seguiment, megawatts de consum elèctric i xifres de manifestants que molt probablement no coincidiran, tres setmanes després, amb el repartiment d’escons. Des del llit de l’hospital, la Maricarmen havia enviat un missatge als qui acampaven per ella. Els demanava que lluitessin i que defensessin el que és seu.
