El desahucio de Mari Carmen Abascal y la derogación en el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, de los decretos para dar respuesta a la emergencia habitacional han desembocado en las movilizaciones más grandes vistas en años y en una convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
Desde el el pasado viernes, con la caída de las medidas en materia de vivienda —que el Sindicato de Inquilinas ya consideraba de mínimos—, la organización empezó a presionar a CCOO y UGT para avanzar hacia una huelga general, puesto que son los sindicatos con representación estatal y autonómica los que la tienen que convocar.
Finalmente, además del Sindicato de Inquilnias, CCOO, UGT y la CGT de Cataluña, a la huelga se han sumado la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña, la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) y el Sindicato de Comisiones de Base (Co.bas).
«La huelga general del 11N es contra los políticos que viven arrodillados ante la patronal inmobiliaria y contra partidos que han estado arrastrando los pies durante ocho años», ha afirmado Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña.
Desde la organización reclaman contratos indefinidos, una bajada de los alquileres y una subida de los salarios, la prohibición de la compra especulativa, un impuesto a la riqueza que permita desplegar un parque de vivienda pública fuerte y el desarrollo de los derechos sindicales de los inquilinos.
Intervenir en el debate electoral
Desde la UGT han reconocido que hace tiempo que los sindicatos hablaban de convocar una huelga general, pero que «faltaba encontrar el momento».
«El 11N es un paso adelante por un cambio en las políticas públicas de vivienda», ha afirmado el secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ros, que también ha asegurado que «el 29 de noviembre llenaremos las urnas para conseguir una política de vivienda y unos salarios dignos».
En la misma línea, Belén López Sánchez, secretaria general de Comisiones Obreras de Cataluña, ha asegurado que la huelga será un éxito y ha defendido que «los trabajadores tenemos derecho a intervenir en el debate electoral con nuestras propuestas».
Una movilización histórica por la vivienda
El lunes, en plena movilización por la vivienda, que según los organizadores congregó a 120.000 personas, los sindicatos mayoritarios recogían el guante de los movimientos sociales por la vivienda y anunciaban su adhesión a la huelga general, que, según la CGT de Cataluña, es «contra toda la clase política que lleva años poniendo una alfombra roja a la patronal».
Los sindicatos mayoritarios han decidido aprovechar un momento de gran movilización social para unir sus reivindicaciones laborales a las demandas sociales en favor de la vivienda.
Desde CCOO y UGT justifican la parada en todo el país también por cuestiones laborales pendientes, como el registro de jornada, la ley de prevención de riesgos laborales —truncada por la convocatoria electoral— o el aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo provocados por la guerra iniciada por Trump en Irán.
El telón de fondo, sin embargo, es la vivienda, que acumula una subida de precios del 77% desde el 2015, según datos de la UGT, y que cada vez ahoga más la clase trabajadora.
Una huelga ilegal, según la patronal
Foment del Treball y el resto de patronales aseguran que se trata de una huelga ilegal porque se celebra por motivos políticos.
Consideran «incomprensible que se pretenda convertir a las empresas, los trabajadores y el conjunto de la actividad económica en víctimas de la huelga general planteada como medida de presión para provocar cambios legislativos en materia de vivienda y, por lo tanto, ajenos al mundo laboral», explica la patronal catalana en un comunicado.
Además, rechazan «el coste económico y social de la medida de presión, que no tiene en el ámbito empresarial su destinatario».
Se trata de la primera huelga general convocada en España desde el 2012. Aquel año hubo dos paros para denunciar la reforma laboral de Mariano Rajoy, que abarató el coste del despido y restó poder de negociación a los sindicatos en los convenios colectivos.
