La noche del 14 de abril, Olga Matute pasó unas horas en las urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge. Se había activado el protocolo de prevención del suicidio. Horas después le dieron el alta.
Su abogado llevó esa prueba al juzgado para pedir que se parara el lanzamiento previsto para el día siguiente. El juez lo denegó y, según el relato de su entorno, le abrió un expediente al abogado porque la petición basada en el estado de salud de la mujer no estaba «suficientemente acreditada».
El 15 de abril la desahuciaron. El 7 de septiembre se quitó la vida.
Tenía 54 años y dos hijas, una aún menor. Había nacido y crecido en el barrio de Santa Eulàlia, en L’Hospitalet, había formado parte de la junta de la asociación vecinal y los últimos años militaba en el Sindicat d’Habitatge (Sindicato de Vivienda). El día que la echaron de casa tenía acogida a otra compañera desahuciada con su hijo.
Olga había comprado el piso de la calle del Comerç hacía una veintena de años con una hipoteca de Banc Sabadell. Después se separó, se quedó sin trabajo y no recibió la pensión alimenticia de las dos hijas. Cuando dejó de poder pagar la hipoteca, entregó el piso al banco a cambio de quedarse como inquilina, con un alquiler social.
Pasó de propietaria a inquilina de su propia casa. Y durante unos años ese arreglo funcionó. Hasta que la casa se convirtió en un activo.
Cuando una casa se convierte en un activo
Entre 2018 y 2019, Banc Sabadell traspasó miles de inmuebles procedentes de la crisis de 2008 a sociedades participadas por el fondo Cerberus. El piso de Olga acabó en manos de Promontoria Coliseum Real Estate, que, según su entorno, le exigió que se fuera y no le renovó el contrato a pesar de que ella continuaba pagando.
A partir de ahí, su vida entró en un laberinto jurídico. La Ley catalana 1/2022 obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a determinadas familias vulnerables. En octubre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios de sus preceptos, entre ellos algunas de las obligaciones relacionadas con la oferta y la renovación del alquiler social.
Olga aún tenía dos redes de protección: el Sindicat d’Habitatge de L’Hospitalet, que ya había contribuido a frenar un primer intento de desahucio, y la moratoria estatal para hogares vulnerables que, según su abogado, cubría su caso.
En enero de 2026, PP, Vox, Junts y UPN votaron contra el decreto que prorrogaba, entre otras medidas sociales, la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables: 178 votos en contra y 171 a favor. Un mes después, el Congreso volvió a rechazar una nueva prórroga de la protección.
La protección cayó y el procedimiento de desahucio de Olga se reactivó. En medio del debate sobre «okupación», propietarios y competencias, había un hecho mucho más sencillo. Olga no era una okupa. Era una mujer vulnerable que pagaba un alquiler y que se quedó sin protección.
Papel contra papel
Los tribunales necesitan pruebas. La vulnerabilidad debe acreditarse con el formato adecuado, con el documento adecuado y dentro del plazo adecuado.
El Ayuntamiento había redactado informes de riesgo de exclusión residencial sobre Olga. La noche antes del desahucio, un hospital había activado un protocolo de prevención del suicidio.
¿Qué faltaba por acreditar?
El filósofo Michel Foucault describió el paso del poder soberano —hacer morir y dejar vivir— al biopoder moderno: hacer vivir y dejar morir. El caso de Olga obliga a mirar esta idea de frente y a la cara.
Nadie la mató. Todo el mundo cumplió el procedimiento.
Un tribunal anula una ley. Unos diputados tumban un decreto. Un juzgado considera insuficientes unas pruebas. Los Mossos prestan apoyo al lanzamiento. Los servicios sociales ofrecen, según el Sindicato, tres noches de albergue. Cada decisión puede tener su justificación administrativa, jurídica o política.
La pregunta clave es qué pasa cuando las juntamos todas. La familia y las entidades han pedido que se investiguen las «actuaciones u omisiones» que rodearon el caso.
Nadie puede explicar del todo por qué una persona llega a quitarse la vida, ni establecer mecánicamente una causa única. Pero sí podemos reconstruir las puertas a las que Olga llamó. La prensa. Los partidos. La Sindicatura de Greuges. Los servicios sociales. Los tribunales.
En febrero de 2024, cuando ya llevaba dos años luchando contra el desahucio, compareció ante la Comisión de Estudio sobre la Salud Mental y las Adicciones del Parlamento catalán. Terminó su intervención con cuatro palabras: «La vulnerabilidad mata».
¿Quién protege una vida?
Mientras tanto, Banc Sabadell cerró el primer semestre de 2026 con 971 millones de euros de beneficio. En junio completó la venta a Cerberus del 20% que aún conservaba de Promontoria Challenger I, la matriz de la sociedad que controlaba la empresa propietaria del piso de Olga.
Dos contabilidades conviven en esta historia. En una hay activos, carteras de valores inmobiliarios, sociedades, plusvalías y minusvalías. En la otra hay una mujer, dos hijas y una casa. No son realidades separadas. Forman parte del mismo sistema.
Dos contabilidades conviven en esta historia. En una hay activos, carteras de valores inmobiliarios, sociedades, plusvalías y minusvalías. En la otra hay una mujer, dos hijas y una casa.
Y Olga no es un caso que pueda leerse al margen de otros conflictos de vivienda.
El 23 de septiembre, en Madrid, cientos de activistas intentaban evitar el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años y en silla de ruedas que vivía en el mismo piso desde 1956. Pagaba 500 euros mensuales y la propiedad pretendía aumentar el alquiler hasta los 2.650, más que su pensión.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU había pedido suspender el lanzamiento de Maricarmen, pero al final ella salió de su casa en una camilla.
Otra mujer vulnerable que pagaba. Su caso ha provocado concentraciones, protestas, declaraciones políticas y acusaciones entre administraciones y partidos políticos. Lo de siempre, pero con una gran diferencia: esta vez con Maricarmen había cámaras mostrando la inhumanidad.
Dejar morir
Una casa es el lugar donde se puede sostener una vida. Donde se duerme. Donde se cría. Donde se guarda una fotografía. Donde se discute. Donde una mujer puede acoger a una vecina desahuciada con su hijo.
Un activo inmobiliario es una línea en una cartera que se compra y se vende. El problema aparece cuando nuestras instituciones políticas y judiciales son extraordinariamente precisas a la hora de reconocer la segunda realidad y extraordinariamente lentas y obtusas a la hora de proteger la primera.
El entorno de Olga habla de un «asesinato indirecto». Las instituciones no han establecido una responsabilidad semejante. El Ayuntamiento de L’Hospitalet asegura que la acompañaba desde 2020 y que este año le había gestionado una ayuda extraordinaria; ahora acompaña a las hijas.
No sabemos si una decisión diferente habría cambiado el final de la historia. Afirmarlo sería convertir una tragedia humana compleja en una ecuación. Pero sí podemos hacernos otra pregunta.
¿Cuántas instituciones pueden cumplir correctamente su procedimiento antes de que tengamos que admitir que es el procedimiento el que está fallando? Quizás eso sea dejar morir. No no hacer nada, sino hacerlo todo según las normas mientras una vida se cae por los agujeros que quedan entre una norma y la siguiente.
⸻
Si tienes pensamientos suicidas o conoces a alguien que pueda tenerlos, puedes llamar a la Línea 024 de atención a la conducta suicida, gratuita y disponible las 24 horas. En caso de emergencia, llama al 112.
