Ayer se inició en el Parlamento Europeo la comisión de asuntos jurídicos que estudiará el suplicatorio que el Tribunal Supremo remitió el mes de Enero para levantar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Un procedimiento que normalmente se prolonga entre tres y seis meses, por lo que el veredicto definitivo podría llegar hacia finales de mes de marzo. Resolvemos las preguntas más relevantes que rodean este procedimiento:
¿Qué es y cómo funciona un suplicatorio?
El suplicatorio es un procedimiento legal que consiste en solicitar la autorización de las cámaras parlamentarias (sea nacional, o, en este caso, la Eurocámara) para retirar la inmunidad de alguno de sus miembros a fin de facilitar su investigación judicial, solicitada previamente por el tribunal correspondiente.
Después de haberse comunicado al Pleno del Parlamento Europeo la voluntad de España (a través del Tribunal Supremo) de retirarles la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí, esta fue comunicada a la comisión competente. De acuerdo con la información recopilada, la comisión recomendará o bien la concesión del suplicatorio, y, por tanto, de la suspensión de la inmunidad, o bien el mantenimiento del privilegio de los eurodiputados.
Durante este proceso la comisión podrá solicitar toda la información que requiera a las partes implicadas. Los diputados tendrán la oportunidad de ser escuchados y presentar su defensa ante la comisión. Quien tendrá la última palabra, sin embargo, será el conjunto de diputados y diputadas del Parlamento Europeo. Cada uno de los diputados podrá ejercer su voto para decidir sobre si se concede o no la solicitud de suplicatorio.
¿Qué pasará con Puigdemont, Ponsatí y Comín si pierden la inmunidad?
Perder la inmunidad no implica perder la condición de eurodiputado. Por tanto, en el hipotético caso en que el PE votara a favor del suplicatorio, Puigdemont, Ponsatí y Comín seguirán siendo miembros de pleno derecho del Parlamento Europeo.
¿Qué posibilidades tiene de sacar adelante el suplicatorio?
Muchas. Al final, se trata principalmente de un tema de mayorías políticas. En esta legislatura, la familia de los Populares Europeos es la primera fuerza política representada con casi un 25% de los diputados. La segunda fuerza política es la familia de los socialdemócratas con un 19,17%. Si consideramos que ambos muy probablemente voten a favor, los eurodiputados catalanes lo tienen muy complicado para ganar en este trámite.
¿Qué alegarán los actuales diputados en su defensa?
La estrategia principal de los tres independentistas pasará, primero, por denunciar errores en el procedimiento de solicitud del suplicatorio. En este sentido cabe destacar que el Tribunal Supremo – si hacemos caso al dictamen del Tribunal de Bruselas del 7 de agosto que rechazó la euro-orden emitida contra Lluís Puig -, no sería un órgano judicial competente para iniciarlo.
Por otra parte, razonarán que algunos de los delitos de los que se les acusa, como es el caso de la sedición, no tienen un equivalente en los códigos legales de otros países de la Unión Europea. Como caso concreto para consolidar la evidencia a su favor en este sentido, cabe recordar la resolución del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, y, aún más, la sentencia de un juzgado belga hacia Lluís Puig. Al no ser eurodiputado, y, por tanto, no tener inmunidad, Puig tuvo que comparecer ante los tribunales, que resolvieron su caso de manera contundente al rechazar la solicitud de Llarena al considerar que el Tribunal Supremo no le competía pedir la extradición.
Teniendo en cuenta, sin embargo, que lo probable es que este suplicatorio salga adelante debido a las mayorías parlamentarias existentes, es muy probable que los tres investigados considerarían elevar la causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos – último recurso legal en el que el independentismo fundamenta gran parte de sus esperanzas políticas y jurídicas -.
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