Hace escasos días el fuego y la asfixia se llevaba la vida de mínimo cuatro personas, que sobrevivían en una nave abandonada en Badalona. Desde aquel día, más de un centenar perdían el único techo que durante el invierno los resguardaba de vivir en la calle y algunas de ellas aún están desaparecidas. Personas anónimas que han sido y siguen siendo víctimas del racismo institucional.
La sangría de los desahucios que vive Barcelona desde la reactivación de los juzgados, que habían parado su actividad durante el Estado de Alarma inicial, se cuantifica en cerca de 1.500 desahucios programados en solo 3 meses. El pasado martes veíamos como un bebé de quince días se quedaba en la calle.
Esta es la triste realidad. Meses después del inicio de la pandemia y después de millones de beneficios empresariales de grandes corporaciones alimentarias, energéticas y de la distribución las instituciones siguen dando la espalda a las más necesitadas.
Si alguna lección podemos aprender del pasado, es que la crisis de 2008, supuso un rescate de la banca y sus derivadas inmobiliarias mientras las familias eran desahuciadas, los sueldos eran recortados y los servicios públicos privatizados.
Doce años después tenemos la oportunidad de revertir esta lógica y poner los intereses de los trabajadores por encima de los que ya se han rescatado, de los que cada crisis social continúan llenando la cuenta de beneficios.
Que la crisis la paguen los ricos, no es solamente un eslogan, sino la necesidad real de una mayoría social que no puede recortar más sus condiciones de vida. Una mayoría social que ni tiene trabajo ni recibe subsidios, una mayoría que trabajando no puede pagar una vivienda, una mayoría que no puede ponerse enferma porque tiene al cuidado niños y personas mayores o porque la precariedad laboral no le permite coger la baja. Una mayoría a quien nadie rescata.
Tenemos que plantarnos y exigir pasos claros que reviertan esta situación. Cien años después de La Canadenca seguimos trabajando ocho horas diarias, mientras la tecnología multiplica los beneficios empresariales y reduce puestos de trabajo. Hay que reducir las jornadas laborales para que todo el mundo trabaje. Hay que poner el beneficio empresarial al servicio de las personas y no de los dividendos. Hay que potenciar el sector público y revertir las privatizaciones, como única garantía de una vida digna. Alimentación, hogar y trabajo digno como base hacia un futuro donde nuestras vidas valgan la pena ser vividas.
Y para ello, es más necesario que nunca hacerlo juntas. Encuentros como los de mañana al mediodía, 19 de diciembre, donde varias luchas compartiremos espacio y consignas en la calle, son imprescindibles para construir una alternativa a tanta miseria. Encontrémonos en las calles y plazas de los Països Catalans.
¡Construyamos poder popular y que la crisis la paguen los ricos!
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