Cada día está más cerca el momento de que el Gobierno de coalición presente la prometida Ley de vivienda. Una ley que debería ser histórica y lo más ambiciosa posible, dada la magnitud del problema. Histórica, por ser la primera ley presentada por un Gobierno, supuestamente para garantizar un derecho fundamental, negado durante décadas. Pero todo pinta que va a ser un nuevo fraude político, un intento más de seguir poniendo por delante los intereses de las elites capitalistas, antes que los de la gente y muy alejada de dar algún tipo de respuesta a la emergencia habitacional.
Es evidente que los precios del alquiler son uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. La burbuja de los precios está impidiendo a toda una generación sus proyectos de vida y ya es la culpable del 70% de los desahucios, sin contar los desahucios silenciosos y silenciados. Porque no obviemos este dato: obligarte a cambiar de casa por no poder pagar el alquiler, aunque puedas permitirte otro más barato, también es un desahucio. No es de recibo obligarte a cambiar de hogar, de barrio o de ciudad a la búsqueda de un alquiler más asequible.
Que esto se puede evitar regulando los precios, obvio. No es necesario ser catedrático para entender una simple regla de tres. Lamentablemente la realidad es otra y nos encontramos con la bomba lanzada el miércoles por Ábalos y reforzada ayer por Calviño y Montero. Avanzar hacia el Derecho a la vivienda no es incentivar los beneficios fiscales a los especuladores, no es un nuevo rescate disfrazado, no es poner la definición de bien de mercado por encima de los Derechos Humanos.
Mientras todo el debate político y mediático, gira entorno a la regulación de alquileres, a los pactos de gobierno no cumplidos o a las desavenencias entre PSOE y Podemos, no se habla del resto del problema. No se habla del auténtico cambio de paradigma que necesita esta sociedad ni de los cambios estructurales para ello.
Lo que para unos es una traición política, para el resto es una traición a toda la sociedad que creyó las mentiras del autoproclamado Gobierno más progresista de la historia. Al PSOE ya lo conocemos demasiado bien y no debería sorprender a nadie su deriva. Pero yo pregunto ¿Qué pasa con Podemos? Ese partido fruto de la indignación hacia los que ahora son sus socios de Gobierno. Ese partido que sigue actuando como si estuviera en la oposición, cuando ahora es parte del problema. Son muchos los problemas a afrontar y o no se está haciendo o no se está informando. ¿Falta voluntad por ambas partes? ¿Es estrategia mediática y partidista? Queremos hechos, no palabras. Los hechos que tenemos son infames y las palabras se traducen en milongas disfrazadas de seguridad jurídica, donde quieren decir hay que seguir velando por los intereses del sistema financiero.
Tomando las palabras de Pablo Iglesias, un activista debe estar donde sea más útil. Y allí estaremos las activistas por el derecho a la vivienda, en la calle, movilizadas, valientes, firmes y enfrente de cualquiera que no esté a la altura de las circunstancias, venga de donde venga. Queremos hechos, no palabras y que no nos vendan milongas disfrazadas de seguridad jurídica, donde quieren decir hay que seguir velando por los intereses del sistema financiero.
La realidad que sufre la gente está a años luz de lo que nos plantean. Toca dar un paso adelante en la conquista del Derecho a la vivienda. Un paso adelante que por parte de la ciudadanía organizada, se materializará este sábado con más de 20 movilizaciones por todo el Estado.
Hemos elegido ganar un derecho secuestrado, garantizar que nuestros mayores no sigan sufriendo los ataques del sistema financiero, que nuestros hijos puedan optar a un techo para labrarse un futuro y hacer justicia con las ejecuciones hipotecarias producidas desde 2007 y las que vendrán. Porque mientras solo se habla del alquiler, se está obviando la absoluta indefensión de las familias hipotecadas, al tiempo que en plena pandemia las ejecuciones han aumentado como hacía años no pasaba. Recordemos que por mucho que se destapara la estafa hipotecaria hace años, los bancos siguen quitando las casas y dejando las deudas, coartando cualquier posibilidad a una segunda oportunidad
Hemos decidido que tras regalarle 65.000 millones de dinero público a la banca, tras vender nuestras vidas a los fondos buitre, ha llegado el momento de hacer frente a la emergencia habitacional y generar parque público con la vivienda vacía recuperando así su función social. Ni la propuesta de Ábalos de construir 20.000 casas, ni el reciente acuerdo con la SAREB de ceder 10.000 solucionan nada, son simples migajas ante la gravedad del problema.
Queremos una ley que obligue a los responsables de las burbujas inmobiliarias a asumir su responsabilidad y frenar la especulación. Regulando los precios del alquiler y ofreciendo alquileres sociales para acabar con los desahucios
Pero ante todo, queremos vivir dignamente y un lugar para hacerlo.
Sin trabajo, sin comida, sin casa y sin futuro, basta de servir a los poderosos y defendámonos.
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