Una de las frases más conocidas de la cultura pop americana hace referencia al uso del poder. “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, le dijo el tío Ben a Peter Parker, poco antes de ser asesinado. Este mandato moral guía las actuaciones de un joven Spiderman a lo largo de los cómics y de las películas -desde Tobey Maguire hasta el actual Tom Holland-. Este mensaje, profundamente político, aparece en la Biblia (Lucas 12:48) – A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará– pero también durante la Revolución francesa. El Plan de trabajo, de seguimiento y correspondencia propuesto por el Comité de Salud Pública el año 1793 durante la Convención Nacional francesa afirma que los representantes “tienen que contemplar que una gran responsabilidad es el inseparable resultado de un grande poder”.
El estudio, el límite y la observación del ejercicio del poder preocupa a los y las politólogas y a otros científicos sociales, especialmente en tiempos de polarización como el actual. Los años 80 y 90 produjeron sistemas políticos donde grandes fuerzas hegemónicas dominaban el panorama político sin necesidad de grandes cesiones, sólo con pequeñas alianzas preelectorales o postelectorales. La dominación electoral de Felipe González en España fue tan asfixiante que convirtió al PSOE en un gran partido de Estado, con intereses compartidos a menudo con el poder económico: desde la banca, pasando por las constructoras o las eléctricas. Aquella etapa de dominio, como también pasó en Cataluña con el pujolismo convergente, se tradujo en corrupción y malas prácticas. Un gran poder comportó un gran robo para el ciudadano.
Por esta razón, defiendo que los gobiernos de coalición y la fragmentación del poder -con un claro control parlamentario y ciudadano- contribuyen al buen gobierno; transparente y centrado en el interés general. Y es por eso que la coalición parlamentaria que apoya al gobierno central, con el concurso de Unidas Podemos y el apoyo externo de Esquerra Republicana y Bildu, es una oportunidad para cambiar dinámicas a nivel de Estado. Esta posibilidad, pero, cuenta con una clara resistencia por parte del Partido Socialista, que actúa como freno conservador cuando se trata de abrir la lata de las cuestiones sociales más importantes, como por ejemplo el límite a los precios de la vivienda o la reforma laboral.
Las fuerzas políticas acostumbradas a ocupar las instituciones tienen a menudo actitudes paternalistas y agresivas contra sus socios parlamentarios y de gobierno. Sólo así se entiende la degradación de rango que sufrirá la vicepresidencia de Unidas Podemos -pasará de segunda a tercera-. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantendrá su cartera, pero pagará el precio de la degradación vicepresidencial. La actitud bully del PSOE contraviene la lógica básica de cualquier pacto de coalición; pero esto a Sánchez y a Iván Redondo no les importa demasiado: han querido aprovechar la salida del gobierno de Iglesias para ganar espacio político.
Esta manera de ostentar el poder también la reproduce el Partido Popular en Galicia. En su caso no ha necesitado nunca de pactos para llegar a la Presidencia de la Xunta, pero transmite el mismo mensaje a competidores de todo tipo. Por un lado, Feijóo ha aplazado la posibilidad de reunirse con la líder de la oposición (Ana Pontón, del BNG) para evaluar conjuntamente el avance de la crisis de la COVID. Además, en redes el PP gallego ha aprovechado la crisis de gobierno en Madrid y Murcia para recordar que en Galicia no necesitan a Cs o a VOX para hacer gobierno.
Cataluña no es ajena a esta patrimonialización del poder. Es tristemente célebre la frase de Marta Ferrusola, cuando Pasqual Maragall llegó a la Presidencia de la Generalitat. Como si nos hubieran entrado a robar en casa. Así se sentía la madre superiora de la familia Pujol. Lo que pasa es que en el espacio posconvergente esta actitud, en mayor o menor medida, se ha ido reproduciendo en diferentes etapas. La insistencia para configurar una lista conjunta con Esquerra Republicana a casi todas las elecciones -ante el miedo a perder la hegemonía en el espacio independentista- es un síntoma de este fenómeno. En la actualidad, Junts per Catalunya parece no haber digerido el resultado electoral si tenemos en cuenta las trabas a la negociación de un gobierno favorable a la autodeterminación y la amnistía. En cambio, la CUP y Esquerra Republicana sí han hecho los deberes con un preacuerdo que incluye el aumento del presupuesto de salud, la definición de un nuevo modelo de seguridad pública, la supresión de los proyectiles de foam o el impulso de una nueva agenda legislativa en materia de vivienda.
La acción política y la presencia en las instituciones comportan una gran responsabilidad. Especialmente con aquellas y aquellos que más sufren. Que el PSOE bloquee la posibilidad de limitar los precios del alquiler es una vergüenza. Que Junts sea incapaz de negociar de buena fe una coalición de gobierno después de los resultados del 14F es ciertamente preocupante. Queda lejos la moralidad y la estrategia a medio plazo. Son tiempo de táctica y de mirada corta, como bien saben Díaz Ayuso e Iglesias en Madrid.
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