La lucha estudiantil es uno de los movimientos que históricamente siempre ha estado activo. La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) es uno de los centros donde, por las características del campus, las diferentes facultades se coordinan mejor. El año 2013, fue un año de movilizaciones como lo habían sido los anteriores… Se recogía la lucha contra Bolonia, contra el 3+2, pero sobre todo contra la subida de tasas que se coció a fuego lento durante aquellos años. El 17 de abril de 2013, 200 estudiantes realizaron una ocupación en el rectorado de la UAB durante un mes para exigir con inmediatez el cumplimiento de las mociones del Claustro de la Comunidad Universitaria, el mayor órgano decisorio donde los estudiantes participan. Estas mociones aprobadas, pero no ejecutadas pedían, entre otros, que la UAB desobedeciera la subida de tasas del 66% y que se establecieran títulos especiales de transporte público por los estudiantes de la UAB (TUAB).
Después de un mes de ocupación, se supo que el equipo de Gobierno de la UAB había denunciado penalmente a 25 estudiantes, un trabajador del Personal de Administración y Servicios por haber participado de una rueda de prensa y un trabajador del Personal Docente e Investigador, que además era secretario general de la CGT. La mayor responsable fue la vicerrectora de Estudiantes, Silvia Carrasco, que dio una lista de nombres a los Mossos d’Esquadra.
Se inició entonces un proceso que todavía dura y que conocemos como el caso Som 27 i més. Este viernes, después de haber dado tumbos por diferentes juzgados, los encausados están citados en los juzgados de Sabadell para realizar una conciliación con Fiscalía sobre su pena. Y es que es ésta quien les pide entre 11 y 14 años de prisión. La petición de 14 años concretamente va dirigida a siete estudiantes a raíz de un escrache a Carrasco. En todo caso, dicho de otro modo: más de 300 años de prisión a un total de 27 personas. También inicialmente pidieron una multa por los presuntos daños y perjuicios producidos durante la acción. La primera cifra pedida por la acusación ascendía a 383.000 mil euros en concepto de responsabilidad civil en el conjunto de los investigados y 9.600 euros de multa para cada uno de ellos.
Ahora, por estas fechas, el grupo de apoyo junto con las estudiantes actuales de las asambleas de facultad y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han organizado una jornada de lucha en la UAB para hoy jueves con charlas y acciones. Comenzando a las 10 h, realizarán una charla sobre el paso del tiempo y el movimiento estudiantil. Seguidamente presentarán «Compromiso: Se han aplicado las mociones del 2013». Y, además de alguna acción, también darán una charla online sobre «¿Cómo nos afecta la represión?». El viernes 26, cuando están convocados a juzgados, se celebrará una concentración a las 9 h.
Este caso aguanta tan poco a nivel penal y es tan político, que ni siquiera la misma judicatura lo quería asumir
8 años de incertidumbre pero con firmeza
Laura Gené, una de las encausadas de Som 27 i més, apunta que estos 8 años de espera hasta esta citación judicial, que no juicio, funcionan también como castigo por mucho que quizás después la resolución sea la absolución. Aun así, llegan tranquilas, ya que están «muy firmes y en la misma posición política», pues están «muy convencidas» de lo que hicieron, «defender la pública».
Sobre por qué ahora, Gené explica que el caso ha estado dando vueltas por los juzgados porque ha habido todo un debate a nivel judicial de si este caso debía llevarlo la Audiencia Provincial de Barcelona o los juzgados de Sabadell. Para el grupo, esto significa que «este caso aguanta tan poco a nivel penal y es tan político, que ni siquiera la misma judicatura lo quiere asumir». Finalmente ahora, una vez ha terminado en Sabadell, el juzgado número 2 les ha propuesto hacer una conciliación con fiscalía. Desde el grupo entienden que los pactos normalmente se basan en una reducción de pena cuando las personas encausadas se declaran culpables, es decir que reconocen el delito.
Ante esto, y más sabiendo que la propuesta no se pondrá sobre la mesa hasta estar en los juzgados, Gené explica que su posición es no pactar. «No sabremos cuál es el pacto hasta el mismo viernes cuando nuestros abogados entren en la sala y eso nos deja en un estado de indefensión total. ¿Cómo 27 personas tienen que ponerse de acuerdo o tenemos que tomar una decisión tan importante en nuestras vidas? Y no por lo que suponga la pena, sino no por lo que supone asumir haber cometido un delito que estamos convencidas de que no cometimos», apunta Gené. Añade además: «Nos están pidiendo entre 11 años y 14 años de prisión. Una reducción de condena que son, ¿10 años, 8 años? No le encontramos ningún tipo de sentido y menos cuando defendimos un servicio público como es la universidad que aún ahora siguen defendiendo quienes están dentro mientras que los que estamos fuera hemos seguido defendiendo otros derechos».
Nos están pidiendo entre 11 y 14 años de prisión. Una reducción de condena que son ¿10 años, 8 años? No le encontramos ningún tipo de sentido
Defender la educación pública no es ningún delito!
La máxima premisa que defienden los encausados es que Defender la educación pública no es ningún delito. Ermengol Gassiot, trabajador y sindicalista en la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que el caso surge de un contexto de luchas que arrancan el 2011-2012 «en la lucha contra la precariedad, contra los despidos, también contra la privatización y que de alguna manera tienen un compromiso de acción sindical aparte de toda la fuerza del movimiento estudiantil». Las acciones en la UAB siempre han respondido a unas mismas estrategias de concentraciones, cortes y ocupaciones. El problema, cree Gassiot, llega cuando, en un momento dado, un equipo de gobierno de la Autónoma denuncia penalmente por estas formas de lucha.
Gassiot entiende que intentaban que ello supusiera un antes y un después de lo que es aceptable dentro de la universidad, «como una forma de reprimir y frenar esta lucha que había sido muy fuerte en la UAB». Ahora, ante la citación judicial, apunta que «en el hipotético caso de que haya un pacto de responsabilidad y de culpa» de alguna manera lo que se diría es que «defender los derechos de los trabajadores puede incurre en un ejecutamiento». «Sindicalmente esto nos lleva a un escenario muy difícil», valora. Aunque también cree que estas peticiones querían contribuir a la desmovilización de los estudiantes y de los trabajadores y apunta que, en cierto modo, este fin no lo han conseguido por la represión concreta a las personas pero sí reconoce que no se les escapa que «una denuncia por un conflicto nos lleve a vivir en un umbral de incertidumbre».
A pesar de la lentitud de todo ello, durante estos casi 8 años sí que ha habido movimientos. De hecho, Gassiot, junto con una estudiante, fue detenido en 2018 en el marco de las diligencias que se realizaban en relación con el proceso por la ocupación. Ambos, como ha ocurrido tantas otras veces, se negaron a declarar. Precisamente al no presentarse a cumplir el trámite, el juzgado declaró el secretario general en busca y captura. Aparte de ellos dos, los otros encausados también tuvieron que declarar.
Este tiempo les ha dado tiempo para reflexionar, comenta Gené. «Después de 8 años hemos ido observando que ha ido pasando y lo que hemos visto, por un lado, es que todo lo que nosotros señalábamos que en ese momento comenzaba a pasar en la universidad y las consecuencias que aquello podía tener, ha cabado pasando «, dice Gené. Se refiere sobre todo al nivel de privatizaciones, los recortes de personal y de derechos laborales y a la subida de tasas en la universidad. Por otra parte, dice que también han estado viendo como «estas peticiones de fiscalía tan grandes o que la UAB llegara a denunciar estudiantes en vez de resolverlo internamente va en la línea no tanto de la represión contra un movimiento estudiantil, que existe, sino por haber comenzado ya en 2013 a señalar a quien se estaba enriqueciendo de toda la privatización. Pusimos en peligro sus espacios de beneficio y sus lugares de poder y su persecución viene por haber tocado su statu quo».
El caso surge de un contexto de luchas que arrancan el 2011-2012 «en la lucha contra la precariedad, contra los despidos, también contra la privatización»
Un juicio que pende de un hilo
Siguiendo con la idea del poco sentido del caso, el grupo denuncia la cantidad de irregularidades sobre las que se basan las denuncias. Algunos ejemplos de ello contaban, son la imputación de un concejal de la CUP de Argentona y exalumno de la UAB que durante la ocupación del Rectorado no estudiaba en la Universidad, y sólo participó de esta movilización haciendo de ponente a una charla. U otras denuncias hechas por los miembros de los Consejos de Estudiantes que acusan a miembros del Movimiento Estudiantil de amenazas, aportando como única prueba el testimonio de las personas denunciantes.
También en los inicios de la campaña explicaban que la vicerrectora Silvia Carrasco había basado su acusación en documentos aportados por ella misma a los Mossos. Documentos donde no se describían hechos delictivos ni punibles, sino informes del Servicio de Seguridad de la UAB sobre la actividad política de los estudiantes o las percepciones de la vicerrectora «subjetivas y jurídicamente irrelevantes sobre qué estudiantes ‘influían más en la toma de decisiones’ o ‘tenían un rol más organizativo'». Carrasco añadía además a dos trabajadores que justamente están muy implicadas en los Colectivos Asamblearios Universitarios. Para Som 27 i més esto ponía de relieve que «no se trata de los hechos concretos de la ocupación del rectorado, sino que deja al descubierto el carácter político de estas imputaciones».
En 2016, con la dimisión de la vicerrectora de estudiantes, el nuevo equipo de Gobierno con la rectora Marga Arboix al frente, firmó en el Claustro una moción por amplia mayoría (129 votos a favor, 29 en contra y 15 abstenciones) en la que el conjunto de la comunidad universitaria de la Autónoma mostraba su «gran preocupación» por las desmesuradas peticiones de prisión que hacía el fiscal en el caso de la ocupación en el edificio del rectorado en abril de 2013. Fue entonces cuando el Equipo de Gobierno de la UAB se retiraba del caso y decía que sólo podía demostrar gastos hasta 15.000 € de la responsabilidad civil que se reclama a las personas imputadas.
Todo lo que nosotros señalábamos que en ese momento comenzaba a pasar en la universidad y las consecuencias que aquello podía tener, ha acabado pasando
También ocho ayuntamientos catalanes firmaron el mismo año mociones de apoyo hacia las 27 personas. Entre ellos, Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet y Manresa. Las mociones que iban aprobando los consistorios reclamaban la absolución de las personas encausadas, instaban a iniciar una mediación entre las partes implicadas y mostraban el compromiso de los consistorios con la universidad pública y gratuita a la que puedan tener acceso todas las personas, independientemente de sus recursos económicos.
En este sentido, los encausados de Somos 27 y más siguen defendiendo que lo que pasó durante la ocupación del Rectorado el año 2013 no fue ningún delito, sino que fue un intento de muchos estudiantes de hacer prevalecer la democracia por encima de las medidas de austeridad impuestas por la Generalitat. Ven con lástima que lo que preveían se haya cumplido. Denuncian que las políticas privatizadoras, la subida de tasas del 66% y la reforma del 3+2, están convirtiendo la educación pública en un privilegio. Y por eso sólo pueden afirmar que valió la pena.
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