El Ajuntament de Barcelona ha publicado un informe sobre los desahucios de familias vulnerables en la ciudad de Barcelona, del 18 de enero al 28 de febrero de 2021. En él, se da a conocer que durante este periodo había 450 órdenes de desahucios de familias en situación de vulnerabilidad o al menos son 450 las órdenes de las que ha tenido conocimiento del Ajuntament. Estos desahucios previstos afectaban en total 1.592 personas, de las cuales 589, es decir el 37%, eran menores de edad.
Finalmente, el Ajuntament dice haber detenido el 93% de estos desahucios de familias en situación de vulnerabilidad gracias al trabajo de mediación de la Unidad Antidesahucios y de las Oficinas de Vivienda, junto con la movilización y organización vecinal en defensa del derecho a la vivienda.
En el informe explican como la mediación municipal se vio reforzada con la creación de la Unidad Antidesahucios el año 2015, una unidad que utiliza todas las herramientas legislativas y los recursos sociales al alcance del Ajuntament para prevenir y evitar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, resaltan que hay que tener en cuenta que desde que comenzó la pandemia y se declaró el primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, se han aprobado diferentes normas que han permitido proteger una parte significativa de familias vulnerables.
Los efectos de la nueva moratoria
En concreto, una diferencia muy importante respecto a los dos informes anteriores, es la aprobación el 23 de diciembre de 2020 del Real Decreto Ley 37/2020 por parte del Gobierno central. Este decreto modifica la moratoria anterior RDL 11/2020 y se alarga hasta la finalización del estado de alarma, el próximo 9 de mayo de 2021. La nueva moratoria, que se empieza a aplicar realmente a partir del 11 de enero de 2021 introduce cambios significativos respecto al RDL 11/2020. Uno de ellos es la incorporación de nuevos perfiles que se pueden acoger a la suspensión del desahucio, como personas que no pueden pagar el alquiler o tienen deudas de impago, finalizaciones de contratos, y personas que están ocupando una vivienda de un gran tenedor. Un segundo cambio es que establece que las situaciones de vulnerabilidad, del Covid-19, como el anterior decreto. Por lo tanto se da cobertura a situaciones de vulnerabilidad previas y posteriores a la pandemia, tal como había reclamado el Ajuntament en reiteradas ocasiones.
Así pues, esta moratoria da una respuesta más adaptada a la realidad actual de las familias que se enfrentan a un desahucio, convirtiéndose en una herramienta importante para evitarlos y un mecanismo de protección temporal para que las familias puedan seguir viviendo en su casa, ya sea de forma estable porque se consigue llegar a algún tipo de acuerdo o mientras se buscan opciones de realojamiento adecuadas.
Si comparamos los datos con el informe anterior sobre «Actuaciones en los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad» del mes de octubre de 2020, se ve un aumento hasta el 80% los casos en los que la mediación municipal ha evitado llegar al desahucio a puerta, evitando así que las familias tengan que enfrentar a esta experiencia traumática. Esto se traduce en que la mediación municipal ha llegado a acuerdos previos a la fecha de desahucio. Por ejemplo, consiguiendo prórrogas y/o suspensiones de los desahucios; activando ayudas al pago del alquiler o el cubrimiento de deudas existentes; la inclusión de la vivienda en la bolsa de alquiler municipal, entre otros.
Este aumento de hasta el 80% de los desahucios parados antes de la fecha señalada, muestra la moratoria como una herramienta útil para la prevención temporal de estas situaciones, que facilita la tarea de mediación y la búsqueda de soluciones más adecuadas, en un contexto de emergencia sanitaria y de falta estructural de un parque público donde poder realojar a las familias.
En el otro 20% de los desahucios, la mediación de la Unidad Antidesahucios ha tenido que trabajar para llegar a un acuerdo hasta el último momento, mediando en la misma puerta del desahucio. Para evitar estas situaciones de máxima tensión y emergencia, que no sólo suponen un desgaste por las familias afectadas, también un gasto de recursos públicos superior, asociados a los cuidados de urgencia; el Ajuntament habla de la necesidad de disponer de herramientas que faciliten un cambio estructural. En este sentido ven que se debe modificar la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) para establecer la mediación obligatoria antes de interponer una demanda de desahucio en el caso de familias vulnerables. Esto permitiría a la Administración negociar y activar recursos desde el primer momento, facilitando la cultura del pacto y la negociación.
La mitad de viviendas de grandes tenedores
Otra información que se ha recopilado es que al menos en el 50% de los casos la propiedad es un gran tenedor. «Corresponsabilizar los grandes propietarios de viviendas en la búsqueda de soluciones habitacionales estables supondría, como mínimo, reducir los desahucios a la mitad, garantizando el derecho a la vivienda de estas familias, y liberando recursos humanos y económicos para dedicarlos a llegar a acuerdos en los casos de pequeñas propiedades», defienden desde el Ajuntament.
El consistorio también recuerda que la medida que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a familias vulnerables antes de efectuar un desahucio se ha visto muy mermada desde el pasado 23 de febrero de 2021, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional ante el recurso presentado por el PP. Desde entonces, los grandes tenedores sólo están obligados a ofrecer un alquiler obligatorio en casos de impago de alquiler, pero no en casos de finalización de contrato, o de falta de contrato de alquiler. Por este motivo el Ajuntament señala como imprescindible recuperar esta obligación de alquiler social para corresponsabilizar a los grandes propietarios. Esta debe ser también una medida que recoja la Ley de Vivienda, blindando a través de una modificación de la LEC las obligaciones que imponen las leyes autonómicas a los grandes tenedores.
En datos, los principales motivos que han permitido detener el 93% de los desahucios son en un 77% los acuerdos a través de la mediación municipal, en gran parte, gracias al poder de negociación que brinda la moratoria estatal (RDL 37/2020), en un 8% por suspensiones de VPO, en un 7% por aplicación moratoria del decreto de la Generalitat, en un 5% por alquiler social y en un 3% por acuerdos extrajudiciales entre las partes.
2026 Catalunya Plural.