No deja de ser curioso este afán constitucionalista porque personalidades destacadas que hoy se sitúan en la órbita del PP fueron muy críticas con el texto constitucional sometido a la validación de la ciudadanía. Se han comentado a menudo los artículos de José María Aznar en el diario Nueva Rioja en 1979 atacando la Constitución: que la economía podría ir “hacia pendientes estatificadoras y socializantes”, que podíamos encaminarnos hacia “la escuela única”, que “el derecho a la vida” no estaría “eficazmente protegido” y que el desarrollo de las autonomías se haría “bajo la prevalencia de tendencias gravemente disolventes ocultas bajo el término nacionalidades”. También consideraba que el texto constitucional se había elaborado “de espaldas” al poder legislativo, al que definía como un “atentado al Parlamento”. Si no era una enmienda a la totalidad, se le parecía mucho.
Hoy Aznar y Núñez Feijóo se consideran más constitucionalistas que nadie y se presentan como máximos, y casi únicos, defensores del sistema constitucional. Se basan en una interpretación restrictiva de la Constitución, avalada durante una etapa por un Tribunal Constitucional a su servicio, que puso fin a la primera época en la que la institución había gozado de un prestigio poco discutido. Y expulsan de la Constitución a los herederos de los ponentes de PSOE, PSUC y CiU, que fueron mucho más decisivos que el exministro franquista Manuel Fraga, representante de Alianza Popular, en la confección del texto constitucional.
El PP actual sintoniza con las prevenciones que Aznar expresaba hace ahora cuarenta y seis años ante el Título VIII de la Constitución. Para ellos, “nacionalidades” significa “regiones”, con lo que no se entiende por qué los constituyentes utilizaron dos conceptos distintos para definir realidades diferentes. Para ellos, el artículo fundamental que regula la relación del Estado con las comunidades autónomas es el 155, que permite suspender el autogobierno —tal como se hizo con Cataluña en 2017— y no el artículo 150.2, que permite transferir o delegar a las autonomías competencias exclusivas del Estado mediante una ley orgánica. Si en lugar de utilizar la filosofía represiva del 155 el Estado hubiera aplicado la flexible del 150.2 para incrementar el autogobierno de Cataluña, tal como hizo el propio Aznar en 1997 cuando pactó con Pujol las competencias de tráfico, quizá la historia de los últimos años habría sido diferente.
El PP contra el catalán
Hay una cuestión en la que el PP, por influencia de Vox y por propia convicción, es hoy tan especialmente beligerante que se sitúa fuera de la Constitución: la animadversión manifiesta contra las lenguas que no son el castellano, seguramente porque ve en la diversidad lingüística la mejor prueba de la existencia de aquellas nacionalidades o naciones que no quiere reconocer.
El artículo 3.3 de la Constitución señala que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Cuando la desinformada presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desprecia públicamente el catalán y el euskera en la cumbre de presidentes, contraviene este artículo porque falta al respeto a dos lenguas oficiales y a los millones de personas que las hablan. Y el hecho adquiere mayor gravedad porque lo protagoniza un cargo público y es retransmitido casi en directo por los medios de comunicación.
También vulneran el artículo 3 de la Constitución las cruzadas organizadas por PP y Vox en el País Valencià y Baleares intentando establecer censura en bibliotecas públicas prohibiendo revistas en catalán, impulsando medidas contra la enseñanza en catalán en las escuelas o restringiendo el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su lengua en servicios públicos como la sanidad. Un episodio más de persecución de las lenguas que no son el castellano acaba de tener lugar en el Senado: el PP ha rechazado la iniciativa conjunta de ERC, EH Bildu, PNV, Junts y Sumar para extender el uso de catalán, euskera y gallego a todos los debates y textos de la cámara alta, tal como ya se hace en el Congreso. Aunque la Constitución define el Senado como “la cámara de representación territorial”, el PP no ha aceptado la propuesta. La respuesta del senador popular Alfonso Serrano, “¡Váyanse!”, es la ilustración más clara de cuál es la única política del PP en relación a la cuestión territorial.
Especialmente grave ha sido la reciente campaña para impedir que catalán, euskera y gallego sean consideradas lenguas oficiales y de trabajo en la Unión Europea. El PP se ha dedicado a presionar a gobiernos de derecha y extrema derecha para lograrlo. Ellos, que presumen de cumplir la legislación vigente, han olvidado que el Estatuto de Cataluña de 2006 —que forma parte del bloque de constitucionalidad, votado por el pueblo catalán y avalado en este punto por el Tribunal Constitucional— establece en su artículo 6.3: “La Generalitat y el Estado deben emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la presencia y utilización del catalán en los organismos internacionales y en los tratados internacionales de contenido cultural y lingüístico”. El PP ha hecho todo lo contrario de lo que marca el Estatuto y ha ido más allá: ha intentado boicotear la previsión estatutaria.
Es muy triste que cargos públicos populares de Cataluña, el País Valencià y Baleares practiquen este autoodio y trabajen contra la lengua de la ciudadanía que deberían representar, y que en algunos casos es su propia lengua. Especialmente lamentable es el caso de la dirigente catalana del PP Dolors Montserrat, hoy secretaria general del Partido Popular Europeo, que parece que tenga que hacerse perdonar sus orígenes y su evidente dificultad para expresarse en castellano.
El PP no es un partido constitucionalista. Más bien es un partido situado al margen de la Constitución; un partido anticonstitucional.
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