En Holly Ridge, Luisiana, entre campos de arroz y una escuela de primaria, Meta levanta Hyperion, un complejo de centros de datos asentado sobre un terreno equivalente a una cuarta parte de Manhattan. Zuckerberg anunció la escalera colgando una imagen del proyecto superpuesto sobre la isla. La inversión en la región supera los 50.000 millones de dólares, y para alimentarlo, Entergy ha previsto siete nuevas centrales de gas que se sumarán a tres plantas ya aprobadas.
El 3 de septiembre, el ex candidato a liderar los demócratas, Bernie Sanders, y el congresista Greg Casar, anunciaron la Ban Artificial Superintelligence Act: prohibición permanente de desarrollar superinteligencia artificial, pausa del desarrollo avanzado hasta que un regulador federal fije normas de seguridad, y penas de hasta veinte años de prisión, que el resumen oficial compara con las que ya existen para el desarrollo ilegal de armas nucleares. «El futuro de la humanidad no puede quedar en manos de un puñado de oligarcas de la Big Tech», dijo Sanders. Casar añadió que la tecnología de IA punta está menos regulada que un food truck.
En marzo, Sanders registró en el Senado una ley de moratoria sobre centros de datos, que Ocasio-Cortez acompañó con un proyecto gemelo en la Cámara tres meses más tarde, y en junio el senador de Vermont impulsó otra iniciativa que crearía un fondo soberano con participación pública directa en las grandes compañías de IA. El argumento con que lo apoya es el mejor que ha dicho en todo el asunto: que la IA no surgió de la nada ni fue una idea brillante que se le ocurrió a Mark Zuckerberg o a Elon Musk.
El informe que su equipo en el comité HELP publicó el octubre pasado estima en hasta 97 millones los puestos de trabajo que la IA y la automatización podrían sustituir en los Estados Unidos en una década, y añade la tesis de que los oligarcas del sector no quieren solo sustituir trabajos concretos —«la realidad es que quieren sustituir trabajadores»—. Junto a esta advertencia, dentro del mismo discurso, hay otra de naturaleza distinta: que la máquina se les escapará de las manos y acabará con la especie.
El miedo como activo
El índice que Bank of America denomina «AI Big 10» ya representa alrededor del 41% del S&P 500, una concentración comparable a la que tuvieron la tecnología y las telecomunicaciones durante la burbuja puntocom. Solo Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta lideran para este año un gasto de capital conjunto de unos 725.000 millones de dólares.
A un inversor le puedes decir que automatizas trabajo de oficina, y recaudarás lo que se recauda automatizando trabajo de oficina. También le puedes decir que aquello que fabricas podría acabar con la humanidad, y lo que sentirá es que tienes en las manos una cosa tan potente que ni tú la controlas. El miedo, en el lenguaje del capital riesgo, es la cara amable de la potencia. Denominémoslo «catastrofismo de accionista»: en 2023, más de mil científicos y ejecutivos —Musk entre ellos— firmaron una carta pidiendo una pausa de seis meses en el desarrollo de sistemas más potentes que GPT-4. Musk ha continuado defendiendo una desaceleración coordinada mientras xAI ampliaba Memphis hasta proyectar en él un millón de GPU, y Dario Amodei, CEO de Anthropic, se declaró en febrero «absolutamente partidario de intentarlo», siempre que los otros también parasen. Ninguna de estas pausas condicionadas se ha llegado a materializar.
La conversación aburrida
Situar el peligro en una superinteligencia futura convierte el debate en una cuestión de ingenieros, filósofos morales y comités de ética corporativa, donde la pregunta pasa a ser cómo se alinean los valores de una máquina con los humanos y qué probabilidad de extinción asignamos a cada escenario. Es una conversación apasionante… con una ausencia destacada: la de los trabajadores y trabajadoras que han contribuido a crearla.
La ley de moratoria, en la letra pequeña, exige que los nuevos centros de datos no encarezcan la factura eléctrica de los consumidores, que las comunidades afectadas puedan pronunciarse sobre la construcción, que no reciban subvenciones públicas y que los puestos de trabajo que generen sean sindicados, con salarios de referencia y acuerdos laborales de proyecto. A los centros que ya funcionan no les impone nada: la moratoria se mantiene hasta que se aprueben las normas que lo garanticen. De todas las condiciones que hay sobre la mesa, es la única que tocaría la relación de fuerzas dentro del centro de trabajo al día siguiente de aprobarse.
En el Estado español la herramienta existe desde el 2021, cuando la ley rider introdujo en el Estatuto de los Trabajadores el derecho de la representación legal a ser informada de los parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que afectan a las condiciones de trabajo, el acceso a la ocupación y su mantenimiento, elaboración de perfiles incluida. Desde el 15 de enero de este año, la Orden TIESO/1573/2025 obliga además a que todo convenio que se registre declare si regula el uso de algoritmos, IA o sistemas de automatización, y si prevé la participación de los trabajadores en su implantación. No obliga a regularlo: obliga a dejar constancia de si se regula, de forma que el registro pasa a dejar constancia de si cada convenio aborda o no estas cuestiones.
CCOO y UGT presentaron el 28 de enero su propuesta conjunta para el VI Acuerdo para la Ocupación y la Negociación Colectiva, el marco que tiene que regir en el periodo 2026-2028. Piden que los convenios incorporen auditorías algorítmicas y comisiones de seguimiento, y advierten contra los sistemas de vigilancia que pretenden detectar las emociones de los trabajadores. Dos meses más tarde, la federación de Industria de UGT sumaba un impuesto específico sobre los robots para compensar la sustitución de trabajo humano y sostener los ingresos públicos, una regulación ética de la IA pactada con los agentes sociales, y la reducción de la jornada hacia las 32 horas sin pérdida de salario, ligando las ganancias de productividad de la automatización a las condiciones de quien trabaja.
Aun así, la mesa hace meses que no se mueve. La propuesta de enero topó con la CEOE, y en abril Unai Sordo y Pepe Álvarez ya avisaban de que el tiempo pasa y los conflictos se acumulan. El bloqueo no va de algoritmos: va de salarios —los sindicatos piden un 4% anual durante tres años, con puntos adicionales para las franjas más bajas—, de absentismo y de la jornada de 37,5 horas. En julio, los dos sindicatos anunciaron juntos un fondo de solidaridad para las huelgas, donde CCOO aporta cuatro millones de euros garantizando a quien la haga el equivalente al salario mínimo por cada día de parada. Sordo lo presentó como «un antes y un después» respecto de las cajas de resistencia tradicionales: un mecanismo permanente, pensado sobre todo para los sectores de salarios más bajos.
En Holly Ridge, mientras tanto, las obras ya han empezado. Las siete nuevas plantas de gas que forman parte de la ampliación esperan la decisión del regulador de Luisiana, prevista para diciembre. Meta promete mil puestos de trabajo permanentes cuando todo ello funcione. En Barcelona ya sabemos de qué tipo pueden ser. Los más de dos mil moderadores de CCC Barcelona Digital Services, la subcontrata que trabajaba para Meta, pasaron años limpiando Facebook e Instagram de decapitaciones, suicidios, torturas y otros contenidos extremos. El diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó, en el caso de uno de ellos, que los trastornos psicológicos provocados por aquel trabajo constituían un accidente laboral.
