Más de la mitad de los residentes metropolitanos se quejan de que pagan demasiados impuestos para las prestaciones que reciben, pero a la vez apuestan por mantener intacta la fiscalidad. La idea de sacrificar bienestar para reducir carga tributaria solo cuaja entre los simpatizantes de Alianza Catalana, Vox y, en menor medida, el PP.
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Datos abiertos
La Agencia Tributaria estatal lanzó en 2023 una campaña de sensibilización contra el fraude fiscal con el lema «No es magia, son tus impuestos», que subrayaba el vínculo directo entre la contribución de la ciudadanía y la calidad de los servicios públicos. Un vínculo que no parece bastante evidente a ojos de buena parte de la población, que mayoritariamente (56%) considera demasiado altos los impuestos para el nivel de las prestaciones recibidas, y un tema en el que las opiniones se polarizan con facilidad.
La última edición de la Encuesta de valoración del Gobierno y de las políticas públicas, elaborada por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, explica con cifras cierta bipolaridad de la ciudadanía, que por un lado considera muy importantes los servicios públicos en su vida cotidiana y cuando los tiene que utilizar los valora bastante bien (con la esperable excepción de los trenes de Cercanías); pero, al mismo tiempo, mayoritariamente percibe que estos servicios no están a la altura de los impuestos pagados. A la vez, también es mayoritaria la opción de no subir ni bajar los impuestos, y por tanto mantener los servicios igual que ahora.
En este laberinto de contradicciones y sesgos penetra el estudio del CEO, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 10 de octubre y el 8 de diciembre del 2025. La muestra para este artículo se ciñe a 2.093 personas de 16 años o más residentes a las cinco comarcas del ámbito: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental.
Considerados globalmente, los servicios públicos que prestan las administraciones estatal y autonómica son considerados de calidad media por el 47% y el 53% de los encuestados, respectivamente. Los servicios de la Generalitat son mejor valorados por la población metropolitana que los dependientes del Gobierno central: en el primer caso, las calificaciones buenas (media, alta y muy alta) suman el 74%, y las malas el 25%, mientras que en las prestaciones estatales las proporciones son más ajustadas, 61%-36%.
Los servicios públicos utilizados por más de la mitad de la población en los 12 meses anteriores a la encuesta son los centros de asistencia primaria, los transportes públicos y los hospitales públicos. Considerando las valoraciones que hacen de ellos los usuarios, todos los servicios aprueban, con notas superiores al 7 en el caso de los trenes de FGC y los de larga distancia de Renfe, la educación concertada y el metro de Barcelona. ¿Todos? No, hay la excepción de la red de Cercanías operada por Renfe, que suspende con una puntuación de 4,4. Un suspenso que se tiene que relacionar con la experiencia histórica de funcionamiento de la red y no con el follón vivido a partir del accidente en Gelida del 21 de enero, puesto que el trabajo de campo se hizo con anterioridad.
En la dicotomía entre gestión pública y gestión privada de la enseñanza y la sanidad, los residentes metropolitanos se decantan por la opción pública en un 41% y un 50% respectivamente. Pero hay un grupo nada despreciable de partidarios de la gestión privada, más prominente en el caso de los servicios sanitarios (29%). Las opiniones en este punto están estrechamente ligadas a los posicionamientos ideológicos, como también lo están en las cuestiones de políticas fiscales: los simpatizantes de los partidos de izquierdas se pronuncian claramente a favor de la gestión pública, mientras que los de derecha y extrema derecha creen que la gestión privada es mejor. Más divididos están los que declaran simpatías por Junts y los que no muestran proximidad a ningún partido.
La percepción mayoritaria de los residentes metropolitanos respecto del conjunto de los servicios recibidos es que son inferiores a los tributos pagados. Es decir, que la atención sanitaria, la educación, las carreteras, las prestaciones, etcétera, valen menos que el IRPF, el IVA y el resto de tributos que recaudan las administraciones. Así lo declaran el 56% de los encuestados, muchos más que el 14% que opinan a la inversa, que los servicios recibidos valen más que los impuestos pagados. Hay un 27% que los perciben como equivalentes.
El gráfico anterior muestra la segmentación de las visiones de la relación impuestos-servicios por simpatía de partido, en que los niveles de descontento superiores a la media se detectan entre los seguidores de Aliança Catalana, Vox, CUP y ERC y entre los que no declaran ninguna simpatía partidista.
Ahora, si la cuestión es qué hacer con los impuestos, la mayoría de los residentes metropolitanos (54%) se inclina por mantenerlos igual y así mantener también la calidad de los servicios. En segundo lugar, un 27% estaría dispuesto a subirlos para mejorar así las prestaciones. Y solo el 11% se muestra partidario de rebajar las cargas impositivas aunque signifique empeorar los servicios públicos recibidos.
La segmentación por grupos de edad hace aflorar un rasgo diferencial de los jóvenes metropolitanos entre los 16 y los 24 años: los favorables a sacrificar servicios para rebajar impuestos son más numerosos (26%) que los dispuestos a pagar más para recibir más (21%). También se aprecia que con la edad progresa la proporción de encuestados proclives a mantener o subir la fiscalidad para mantener o mejorar las prestaciones, hasta un máximo del 87% en los mayores de 64 años.
En esta visualización de los mismos datos, segmentados por simpatía de partido, se ha prescindido de la respuesta intermedia, mantener intactos los impuestos y los servicios. Se aprecia mejor así la correspondencia entre el eje izquierda-derecha y la política fiscal: entre los simpatizantes de los partidos de izquierda y centro en el ámbito metropolitano, así como entre los que no declaran ninguna afinidad, son más numerosos los que están dispuestos a pagar más impuestos para recibir mejores servicios. En cambio, entre los simpatizantes de la extrema derecha el grupo principal (el 36%, más de una tercera parte) harían lo contrario, recortar impuestos y servicios. Entre los afines al PP hay un empate al 22%.
Artículo original de Catalunya Metropolitana
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