La respuesta de la diputada y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, a la investigación de Antifraude no es solo un exceso verbal en las redes. Es una forma de violencia política: identificar al ciudadano que fiscaliza el poder de manera crítica, convertirlo en enemigo y exponerlo ante una multitud digital dispuesta a castigarlo. Primero llega el nombre. Después, llegan los insultos. Finalmente, las amenazas, y así quiere silenciar el pensamiento crítico la nueva extrema derecha catalana.
Aquí tens la versió en catalá
El caso que nos ocupa empieza con una denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña por posibles irregularidades en el proceso urgente de selección que acabó con la incorporación de la hija mayor de la diputada y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, como agente interina de la Policía Local de Ripoll.
La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) abre un expediente a raíz de esta denuncia, que ha entrado en fase de instrucción. A partir de ahora, la OAC decidirá qué respuesta definitiva le da a la denuncia y si remite el caso a la Fiscalía, en caso de que detecte indicios de delito. Ante las acusaciones de favoritismo hacia su hija que ha suscitado la contratación, Orriols insiste en decir que el proceso de selección ha sido «impoluto» y niega haber intervenido de ninguna forma.
Antifraude ha admitido la denuncia a trámite y ha abierto un expediente en fase de instrucción, pero esto no significa que el organismo haya acreditado ninguna ilegalidad ni que exista una condena anticipada. Significa, solo, que los hechos expuestos merecen ser examinados.
Orriols defiende que el proceso fue legal y transparente y que su hija obtuvo la mejor puntuación. Tiene todo el derecho de defenderlo. Pero precisamente esta es la cuestión que tienen que aclarar las instituciones competentes: si el procedimiento se desarrolló con todas las garantías y si la alcaldesa, que mantenía las competencias municipales de Seguridad e intervino en actos administrativos relacionados con la convocatoria, tenía que abstenerse. Una democracia adulta dispone de procedimientos para determinarlo. Una democracia degradada sustituye estos procedimientos por una turba.
Hay varias maneras de responder cuando una institución oficial investiga la posible irregularidad de un cargo público. La primera es dar explicaciones, aportar documentos, respetar el procedimiento y esperar las conclusiones. La diputada y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha escogido la vía que consiste en desacreditar a quien denuncia, atribuirle intenciones perversas y mostrar su rostro ante la multitud que grita e insulta de manera violenta.
«Aquí lo tenéis»
El 6 de agosto, Sílvia Orriols publicó en la red X una fotografía de Roger Molinas, lo identificó con su nombre, difundió el perfil en la red y escribió: «Aquí lo tenéis, Roger Molinas, vinculado a los Comunes y encargado de presentar una denuncia en mi contra […] con el objetivo de manipular a la opinión pública». Cataluña Plural —que ha hablado con Roger Molinas, conocido en X como Arqueóleg Glamuròs— ha sabido que Molinas no ha presentado esta denuncia, pero sufre las consecuencias.
«Aquí lo tenéis.» Estas primeras palabras lo explican casi todo. No son una argumentación política. No aportan ninguna prueba sobre el proceso de selección. No desmienten ninguno de los hechos denunciados. Orriols ha optado por una presentación pública del «culpable» —como en la película clásica Furia (Fritz Lang, 1936), en que una multitud asalta y prende fuego a la prisión del pueblo donde un inocente está detenido bajo falsas sospechas de secuestro—. Es una manera de levantar el dedo e indicar a la comunidad hacia dónde tiene que dirigir la mirada, la sospecha, el odio, la ira y la rabia.
Orriols no escribió explícitamente «asediadlo». Tampoco podemos atribuirle la autoría directa de las amenazas posteriores de sus seguidores. Pero la responsabilidad política no empieza solo cuando se formula una orden literal. También existe cuando una autoridad, consciente de su capacidad de movilización, expone a un ciudadano crítico ante sus seguidores, lo define como manipulador y lo presenta como miembro de una trama política que actuaría contra ella.
La responsabilidad política no empieza solo cuando se formula una orden literal. También existe cuando una autoridad, consciente de su capacidad de movilización, expone a un ciudadano crítico ante sus seguidores
No estamos ante una disputa digital simétrica entre dos usuarios de la red X. Una de las partes es alcaldesa de Ripoll, diputada en el Parlament, presidenta de un partido y una figura política en Cataluña con una comunidad digital considerable. La otra es un ciudadano con sus ideas políticas reconocidas, críticas y legítimas, que publicita una denuncia ante el organismo legalmente encargado de investigar posibles prácticas irregulares. Confundir esta desigualdad de poder con un simple rifirrafe es una forma de analfabetismo democrático.
Después de la publicación de Orriols llegaron los insultos. Y también una amenaza explícita: una cuenta prácticamente anónima difundió la imagen de un hombre a punto de disparar una pistola con silenciador, acompañada de un mensaje que calificaba a Molinas de «rata» y «bastardo» y afirmaba que personas como él tenían que «desaparecer del mapa político». En la imagen se podía leer en inglés: «Primero los traidores, después los invasores».
La secuencia es inequívoca: identificación, deshumanización, acoso y amenaza directa. La causalidad directa tendrá que ser determinada, si procede, por las instancias correspondientes. Pero políticamente resulta imposible ignorar que la amenaza germinó dentro del marco construido por el mensaje de Orriols: el denunciante convertido en traidor; el ciudadano que fiscaliza, transformado en enemigo; el adversario político, presentado como un cuerpo extraño, un «forastero» que hay que expulsar.
Señalar —en 3 movimientos— por no responder
Esta es una de las operaciones comunicativas más características del autoritarismo contemporáneo de extrema derecha en auge en Cataluña, España, Europa y el mundo. Cuando una institución investiga al poder, el poder no responde sobre los hechos, señala a quien los ha denunciado.
El primer movimiento consiste en desplazar el debate, porque no hablamos de las bases de un concurso, del deber de abstención, de posibles conflictos de interés o de garantías administrativas. Hablamos de la militancia de Roger Molinas —reconocido seguidor de los Comunes— de sus opiniones, de su orientación sexual, de sus supuestas intenciones.
El segundo movimiento es la fabricación del enemigo. Roger Molinas deja de ser un ciudadano que ejerce un derecho y se convierte en un conspirador político que quiere perjudicar a la líder suprema, al partido y, por extensión, a toda la comunidad imaginada que la líder etnofascista catalana dice representar en exclusiva y de forma unívoca.
El tercero es la activación de la multitud. Ya no hace falta que el poder se ensucie directamente las manos. Hay una red de adeptos, cuentas anónimas y perfiles aparentemente no auténticos preparada para repetir el relato, insultar el adversario e imponerle un grave coste personal.
Umberto Eco resumió una de las pulsiones del fascismo persistente con una fórmula precisa: «El desacuerdo es traición». Cuando el disidente es presentado como un traidor —botifler, en el caso de los ataques de los seguidores de Orriols—, ya no hay que rebatirlo. Se lo puede castigar. La violencia simbólica digital ha empezado a preparar el terreno para todas las otras. Es un movimiento clásico y muy conocido.
El problema de fondo no es la ideología de Roger Molinas. Una denuncia no es cierta o falsa según el carné político de quien la presenta. Los hechos no se convierten en mentira porque los señale un adversario ideológico, del mismo modo que no se vuelven verdad porque los denuncie un amigo.
La democracia consiste, precisamente, en someter las denuncias a comprobación y el poder público a control. La alternativa es la lealtad personal unívoca: si criticas a la líder suprema Orriols, atacas al pueblo catalán; si investigas a la autoridad, formas parte de la conspiración españolista; si exiges explicaciones, eres un enemigo de la nación, un defensor de «moros» y «negros». Todo muy clásico y, por desgracia para la historia de la vieja Europa, todo muy bien conocido.
Una multitud que funciona como un algoritmo
Se ha hablado de los «bots de Aliança Catalana». Conviene ser rigurosos. La existencia de cuentas anónimas en las redes sociales, con poca actividad original, identidades opacas y una dedicación casi exclusiva a amplificar mensajes ultra, es compatible con comportamientos coordinados, automatizados o artificiales. Pero estos indicios no permiten asegurar, sin un análisis técnico, que todos estos perfiles sean bots, que estén controlados directamente por el partido o que Aliança Catalana les financie. Hay que investigarlo, no inventarlo.
Aun así, el problema político continúa existiendo aunque detrás de cada cuenta haya una persona de carne y hueso. Una multitud humana también puede funcionar como un algoritmo: repite palabras, replica consignas, premia la crueldad, disfruta de burbuja de la violencia digital, verbal o, incluso, física; castiga el matiz y hunde cualquier explicación bajo una montaña de gritos, insultos y ruido.
Una multitud humana también puede funcionar como un algoritmo: repite palabras, replica consignas, premia la crueldad
Los estudios del Oxford Internet Institute sobre propaganda computacional han documentado como no hacen falta miles de personas organizadas para fabricar una falsa impresión de consenso. Esta es la gran trampa de las redes (supuestamente) sociales: confundimos repetición con mayoría, viralidad con relevancia y agresividad con fuerza social. Molinas se ha visto forzado a proteger su cuenta para frenar la acumulación de insultos y amenazas.
La censura sin censor
Esto es lo que la investigación sobre violencia digital denomina chilling effect: efecto inhibidor. No hay que prohibir formalmente que alguien hable. Basta con conseguir que hablar sea tan desagradable, peligroso o psicológicamente costoso que la persona decida retirarse. La censura del siglo XXI a menudo no lleva uniforme ni publica decretos. Llega en forma de notificaciones. Centenares de mensajes, insultos, montajes, amenazas y desconocidos que entran en la vida digital de una persona hasta que esta valla la puerta.
La UNESCO ha documentado a fondo la relación entre violencia en línea, miedo y autocensura, y ha advertido que los actores políticos figuran entre las principales fuentes de ataques digitales contra personas que intervienen en el espacio público. En el estudio global The Chilling, elaborado con el ICFJ, un 37% de las mujeres periodistas encuestadas identificaban a los actores políticos como una de las principales fuentes de las agresiones recibidas. Molinas no es periodista ni este estudio describe exactamente su caso. Pero el mecanismo es comparable: exposición desde una posición de poder político y público, ataque en red y reducción de la participación de la persona señalada.
Esto tendría que preocupar a cualquier demócrata, independientemente de la simpatía o antipatía que le despierten las ideas de Molinas. Hoy puede ser un militante de los Comunes. Mañana, una funcionaria, un periodista local de un pueblo pequeño, una entidad vecinal, un profesor de instituto o cualquier ciudadana que descubra una posible irregularidad y decida comunicarla de manera legítima. ¿Cuánta gente lo hará si sabe que la autoridad denunciada puede responder exhibiendo la fotografía ante miles de seguidores?
No es un incidente aislado
El Parlament de Cataluña ya ha examinado otras actuaciones de la diputada Orriols. En julio de 2026, la Comisión del Estatuto de los Diputados consideró que había cometido una infracción leve del Código de conducta por los ataques islamófobos a la diputada de ERC Najat Driouech. El informe oficial llegaba a recomendar que se evaluara si algunas expresiones podían contener elementos susceptibles de ser remitidos a la Fiscalía por un eventual delito de odio.
No es el mismo caso y sería irresponsable confundirlos. Pero los dos comparten una manera de hacer política: personalizar el conflicto, atribuir intenciones ocultas, marcar el adversario y ofrecerlo en una comunidad movilizada por el miedo, el odio y el resentimiento.
Aliança Catalana no se alimenta solo de determinadas opiniones racistas sobre inmigración, identidad nacional o independencia. Se alimenta de una tecnología política mucho más antigua: dividir a la sociedad entre fieles y traidores, pueblo y enemigos, catalanes legítimos y forasteros peligrosos con presencias sospechosas. La novedad es que, ahora, esta vieja tecnología fascista dispone de algoritmos digitales, cuentas anónimas y una capacidad de persecución digital sistemática y permanente.
La extrema derecha no necesita convencer a todo el mundo. Le basta conseguir que los otros hablen con miedo, que los periodistas calculemos cada frase, que los ciudadanos duden antes de denunciar y que las instituciones acaben considerando normal el lenguaje del grito, el odio y el señalamiento. Este es su triunfo actual más profundo. No quieren ocupar la plaza pública, sino cambiar las condiciones que permiten habitarla.
La democracia de la diana
El asunto que Antifraude investiga se tendrá que resolver con documentos, garantías y respecto a la presunción de inocencia. Si no hubo ninguna irregularidad, el procedimiento lo tendrá que determinar. Si hubo, habrá que depurar responsabilidades. Pero la actitud de Sílvia Orriols ya se puede juzgar políticamente.
Una alcaldesa y diputada no tendría que utilizar nunca la fuerza simbólica de los cargos públicos para señalar personalmente al ciudadano que la denuncia. Una diputada no puede ignorar que su palabra moviliza. Una dirigente política no queda exonerada de toda responsabilidad porque no haya escrito literalmente la orden de atacar al rival y amenazarlo de muerte.
La libertad de expresión protege a Orriols cuando defiende su actuación, critica la denuncia o cuestiona las motivaciones políticas de Molinas. Pero la libertad de expresión no convierte cualquier comportamiento en democrático, ejemplar ni inocente. También tenemos derecho a ponerle nombre a las cosas: publicar el nombre, el rostro y el perfil de un ciudadano ante una comunidad hostil que lo odia es ponerlo en una diana.
Cuando una denuncia administrativa es contestada con un señalamiento y ataque personal, el debate ya no trata únicamente de un concurso municipal en Ripoll. Trata del miedo que estamos dispuestos a introducir en la vida pública y política. Trata de si aceptaremos que una multitud digital sustituya las instituciones. Trata de si permitiremos que el grito «aquí lo tenéis» se convierta en una forma habitual de gobernar.
Primero llega el nombre. Después, la fotografía. A continuación, una multitud en las redes. Y finalmente, si nadie para el fascismo, llega la violencia brutal del silencio. Y este silencio es el verdadero programa político del autoritarismo de extrema derecha que representa la alcaldesa de Ripoll.
2026 Catalunya Plural.