Las organizaciones por la vivienda han convertido el malestar por los disparados precios del alquiler en movilizaciones masivas y acampadas en plazas de todo el país. También han forzado, con la presión en las calles, las medidas de vivienda más ambiciosas de la democracia; una convocatoria electoral y la primera huelga general por la vivienda en el país el próximo 11 de noviembre.
Pero el movimiento no ha nacido con las movilizaciones más recientes. Los primeros sindicatos de vivienda surgieron en Barcelona y Madrid en 2017 y se han extendido desde entonces por todo el Estado. Actualmente, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas agrupa a 21 organizaciones que han sido clave en la presión para aprobar medidas en materia de vivienda.
Cataluña fue pionera en 2020 al disponer de una ley para contener los precios, aunque fue anulada poco después por el Tribunal Constitucional. En 2023, con la primera ley estatal de vivienda, se recuperó la posibilidad de regular los alquileres en zonas declaradas de mercado residencial tensionado.
Cataluña fue pionera en 2020 al disponer de una ley para contener los precios, aunque fue anulada poco después por el Tribunal Constitucional
Con el conocido como decreto Mari Carmen, los sindicatos han conseguido ir más allá, aunque de forma temporal, blindando la prórroga de los alquileres, la prohibición de los desahucios para personas vulnerables, la prohibición de la compra especulativa y la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, una de las lagunas que había dejado la ley estatal de vivienda.
Pero para los sindicatos, el reto de fondo es conseguir un cambio de modelo en el que los inquilinos puedan organizarse y sindicarse para negociar conjuntamente las condiciones de sus contratos con un reconocimiento legal específico, tal y como existe en el ámbito laboral.
Ejercer el sindicalismo también en la vivienda
Los Sindicatos de Inquilinas surgieron como una respuesta a la burbuja de precios de los alquileres y a las dificultades de los arrendatarios para defender sus intereses de manera individual. El planteamiento es trasladar a la vivienda las formas de organización y negociación colectiva del sindicalismo laboral, de ahí que se hayan constituido como sindicatos.
En lugar de afrontar cada contrato como una negociación aislada entre un inquilino y un propietario, los sindicatos proponen que los inquilinos que compartan un mismo conflicto se organicen para negociar conjuntamente, con el objetivo de plantear demandas comunes y buscar acuerdos que beneficien al conjunto de los inquilinos afectados.
Aunque los Sindicatos de Inquilinas ya ejercen la organización y defienden colectivamente a muchos inquilinos, reclaman un marco legal específico que regule su representación, la negociación con los arrendadores y las garantías de las negociaciones. El objetivo es blindar el derecho a la sindicalización y que los representantes de los inquilinos tengan capacidad para intervenir en los conflictos que afectan a sus afiliados.
«El inquilino debería poder denunciar al propietario si vulnerara este derecho al no renovar el contrato o tomando otras represalias», explica Marta Ill Raga, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Gante y miembro del Sindicato de Inquilinas.
Otro de los ámbitos que los sindicatos quieren reforzar es el acceso a la información y el asesoramiento. Reclaman que los inquilinos puedan conocer con antelación las condiciones de los contratos y las prórrogas, además de disponer de asesoramiento jurídico y acompañamiento sindical durante el proceso de negociación.
La información sobre la titularidad de los inmuebles y la condición de gran tenedor también es relevante, especialmente en un momento en que la legislación es cada vez más compleja. «El inquilino debería tener un acceso fácil a la información catastral de los grandes tenedores para saber qué arrendador y qué derechos tiene», señala Ill.
La negociación colectiva, el corazón de los derechos sindicales
La negociación colectiva es una de las principales reivindicaciones de los Sindicatos de Inquilinas, ya que es el centro del modelo sindical. Su reconocimiento legal permitiría establecer mecanismos de representación para que los inquilinos pudieran negociar conjuntamente con los propietarios las condiciones de sus contratos.
Desde los Sindicatos de Inquilinas defienden la negociación colectiva en fincas con un mismo arrendador o en inmuebles gestionados por grandes tenedores. En estos casos, los inquilinos podrían organizarse para plantear demandas comunes e intentar llegar a acuerdos sobre las condiciones de los alquileres.
Desde los Sindicatos de Inquilinas defienden la negociación colectiva en fincas con un mismo arrendador o en inmuebles gestionados por grandes tenedores
La traslación del modelo laboral, en el que las condiciones de negociación y representación están muy delimitadas, plantea interrogantes en el ámbito de la vivienda. CCOO y UGT, aunque defienden el sindicalismo en el ámbito de la vivienda y el derecho a negociar condiciones, creen que la propuesta todavía está poco desarrollada y ponen en duda que el modelo de negociación colectiva laboral se pueda trasladar directamente al mercado del alquiler.
La huelga de alquileres: una idea que no es nueva
La huelga de alquileres es otra de las principales reivindicaciones de los Sindicatos de Inquilinas, pero también una de las que genera más debate. La propuesta consiste en utilizar la retención colectiva de las rentas como herramienta de presión para negociar con los propietarios.
Defienden un mecanismo que permita depositar las rentas en un organismo público durante un periodo determinado, sin que el dinero se pueda retirar hasta que finalice la huelga y se hayan establecido las condiciones pactadas.
La idea de la huelga de alquileres no es nueva. Se utilizó como forma de presión en 1931 ante el fuerte paro registrado en Barcelona con la finalización de las obras de la Exposición Universal de 1929. Hasta 100.000 familias dejaron de pagar el alquiler simultáneamente en Barcelona, L’Hospitalet y Santa Coloma de Gramenet con una gran red vecinal organizada para evitar los desahucios ante la presión de la Cámara de la Propiedad Urbana, la patronal de los propietarios.
Casi cien años después, los sindicatos de clase y los Sindicatos de Inquilinas se han unido en la que será la primera huelga general por la vivienda en el país con el objetivo de dar una respuesta al principal condicionante de la vida de la clase trabajadora. Pero para los Sindicatos de Inquilinas, el reto es convertir la organización colectiva, que ya ha demostrado su capacidad para impulsar cambios, en derechos reconocidos por ley. Porque, si durante años los sindicatos han presionado para cambiar las reglas del mercado del alquiler, ahora quieren también tener reconocido el derecho a negociarlas.
