Reportaje

SARA y APC: la importancia de unos servicios sociales afectados por sobrecarga o retrasos en su municipalización

El martes por la mañana durante la Comisión de Derechos Sociales del Ajuntament dos de los servicios incluidos en los Servicios Sociales Básicos del Ajuntament de Barcelona se concentraron a las puertas del edificio Novíssim en la plaza Sant Miquel.

Uno de ellos, el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), un servicio de atención a mujeres que han vivido violencia machista municipalizado desde finales de 2016. El SARA se concentraron para exigir cerrar unas negociaciones que hace dos años que duran sobre el convenio laboral al que están adscritas. Una carga de trabajo desmedida que viene de antes de la pandemia aunque ésta ha ayudado a evidenciar problemáticas que hacía años que existían. Sus trabajadores, organizadas dentro de la Asamblea de Trabajadoras del SARA, denuncian casos de mujeres atendidas por violencia machista que no consiguen cuadrar una cita hasta después de un mes y medio.

El otro, el Servei A Partir del Carrer (APC), una plataforma de Educadoras de Calle que se encuentran en lucha por la Municipalización del Servicio. El Servicio APC forma parte de la acción socioeducativa de los Servicios Sociales Básicos territoriales del Ajuntament de Barcelona y actualmente está gestionado por la empresa Progress. Su tarea se basa en la atención de las necesidades socioeducativas de adolescentes y jóvenes, entre 12 y 25 años, en situación de conflicto o riesgo social. La lucha por la internalización de APC por parte de sus trabajadoras comenzó en 2016. El 16 de mayo de 2019, del Ajuntament de Barcelona se comprometió a su internalización. Esta debía hacerse efectiva el 1 de enero de 2020. Pero no. Y ahora, los trabajadores, desde la Plataforma Municipalitzem APC, piden que el Ajuntament cumpla los acuerdos.

Crece un 20% la demanda de servicios sociales con la pandemia

La situación en Barcelona en cuanto a servicios sociales siempre ha sido compleja por el volumen y las diferentes situaciones por barrios que vive la ciudad. Las consecuencias sociales y económicas que han derivado de las medidas tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus sólo han hecho que empeorar la realidad de estos servicios.

Durante el confinamiento los centros de servicios sociales se mantuvieron abiertos y creció la asistencia telemática hasta 27.000 personas atendidas durante ese periodo. De hecho, en total, los Servicios Sociales de Barcelona atendieron un total de 44.463 personas durante los primeros cuatro meses desde el estallido de la pandemia de Covid-19, es decir entre el 16 de marzo y el 16 de julio. Se trata de un incremento importante en el número de personas atendidas y, sólo en cuatro meses, la mitad del global de personas que se atendieron el año pasado, unas 90.000. Además, se calcula que alrededor de un 20% de estas personas no habían ido nunca a los servicios sociales, o bien hacía más de un año que no acudían.

En cuanto a las ayudas económicas, los centros de servicios sociales gestionaron 5.554 ayudas para cubrir necesidades básicas por un valor de 1,8 millones de euros, y se han aumentado así un 158% las ayudas respecto a antes de la estado de alarma por la Covid-19.

Siempre que se habla de atención social se habla de personas. Personas atendidas pero también personas trabajadoras. La mayoría de estos servicios, ahora de nuevo vistos como urgentes y esenciales, no forman parte del Ajuntament de Barcelona sino que son servicios externalizados bajo el mando del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS). Algunos de ellos, que han asumido muchísimo trabajo, serían el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), dirigido a personas con dependencia, sobre todo gente mayor que vive sola y que necesita ayuda para poder llevar a cabo las tareas cotidianas; o el Servei de Teleassistència Municipal. Un servicio que según el Ajuntament estuvo haciendo 3.000 llamadas diarias para informar y resolver dudas sobre la Covid-19 a todas las personas usuarias, especialmente personas mayores y dependientes.

El caso del SARA: municipalizados hace cuatro años, pero sin acuerdo en el convenio laboral

El 9 de septiembre de 2016 Barcelona anunciaba que asumía la gestión directa de dos servicios de atención a mujeres y internalizar a sus 55 trabajadoras. Así, a partir de octubre, los Punts d’Informació d’Atenció per a Dones (PIAD) y el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) serían gestionados directamente por el consistorio después de haber sido declarados servicios esenciales. La declaración de servicio esencial era el paso previo para convertirlos en servicios de gestión directa municipal, ya que hasta ese momento estaban externalizados a empresas.

La concejala de Feminismos y LGTBI, Laura Pérez, explicaba entonces que esta decisión se tomaba porque la atención a las mujeres, y sobre todo, la atención especializada para casos de violencia machista «debe ser considerada servicio de carácter esencial, dado que no se puede dejar de prestar este servicio sin poner en riesgo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia». En cuanto a las personas que se dedicaban a ellas, Pérez apuntaba que «este es un paso adelante muy importante para revertir las dinámicas externalizadoras, mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y seguir manteniendo la calidad del servicio».

El funcionamiento o las puertas de entrada al circuito de prevención y atención de la violencia machista en Barcelona se efectúa principalmente a través de 3 servicios de atención social: los PIAD, el SARA y los Centros de Servicios Sociales (CSS). Los PIAD, son un servicio social básico de titularidad municipal, ambulatorio, de ámbito de ciudad pero territorializado, y, por tanto, de proximidad, que dan respuesta a las diferentes demandas de información sobre recursos, espacios de participación, o asociacionismo que sean de interés para las mujeres; o bien a demandas de atención vinculadas a situaciones de discriminación o violencia machista en el ámbito laboral, social, de pareja, en espacios públicos, o en otros ámbitos.

Por otra parte, el SARA es un servicio ambulatorio de ámbito de ciudad de titularidad municipal que presta atención básica específica a personas víctimas de situaciones de violencia machista (mujeres, niños y adolescentes, otras personas mayores de edad y personas de su entorno próximo directamente afectadas por esta violencia). El SARA proporciona atención de urgencia (atención inmediata no concertada en el mismo día) y atención ordinaria (concertada) y es el servicio social de referencia en la ciudad de Barcelona en situaciones de alto riesgo por violencia machista.

Estas remunicipalitzacions eran uno de los requisitos que la CUP marcó al consistorio para abstenerse a sus presupuestos y que, por tanto, de facto, se aprobaran.

Ahora, 4 años después de esta internalización, mientras compañeras de otros servicios dentro de servicios sociales se enfrentan a juicios para reconocer como esencial su tarea y pasar a ser municipalizadas, el problema del SARA que fue municipalizado por un acuerdo en el Ajuntament es no tener acuerdo todavía sobre cómo debe ser el convenio laboral, ya que el servicio tiene unas especificidades concretas. Esto hace que la plantilla esté trabajando en unas condiciones perjudiciales para la atención. Desde entonces, básicamente las demandas históricas han sido la equiparación al Convenio colectivo, una reducción de las cargas de trabajo, un acuerdo horario equitativo y un reconocimiento de la especialización del servicio. También un horario conciliador, mayor flexibilidad y mejoras en la gestión del servicio.

Dado que las trabajadoras no están consiguiendo un acuerdo, hace unas semanas que están manifestándose o bien en el Ajuntament o en el IMSS. La voluntad es conseguir los recursos y las medidas necesarias para poder trabajar. Tiempo para tratar cada caso en cantidad pero también con frecuencia y así poder dar cobertura a la necesidad de atención de la violencia machista sin que su situación tenga un impacto negativo en las mujeres y niños que atienden.

El caso de la APC: un servicio municipalizado, pero todavía no

El 16 de mayo de 2019, en la última comisión de gobierno del último mandato, el Ajuntament de Barcelona aprobaba gestionar directamente el servicio de acción socioeducativa A Partir del Carrer (APC) y también asumir entre el 8 y el 10% del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). Lo del SAD era una municipalización a la que se había comprometido en su programa electoral y que no había salido adelante. Con esta decisión, el consistorio iniciaba una prueba piloto durante dos años de uno de los servicios más voluminosos, ya que en el SAD trabajan 48.000 personas que atienden 24.000 usuarios.

En el caso de la APC, el objetivo del consistorio era mejorar la calidad del servicio y las condiciones laborales de los empleados: 48 educadores que trabajan a pie de calle con jóvenes y adolescentes y les ofrecen acogida, orientación, proyectos y actividades. Trabajan detectando básicamente aquellos jóvenes en riesgo social y ofreciéndoles acompañamiento y orientación comunitaria. Lo hacen por todos los distritos de la ciudad sin casi horarios.

Su municipalización era necesaria tanto para la labor que realizan como por ser un servicio esencial que recibe órdenes directas del consistorio y que además es contabilizado como un agente más dentro del circuito social público de Barcelona. A pesar de esta realidad, los trabajadores de APC están todavía vinculados a la empresa PROGESS SL. Tras más de un año de campaña en la Plataforma Municipalitzem APC para igualar condiciones con el resto de trabajadores sociales públicos, desde la concejalía de Derechos Sociales se comprometieron a municipalizar el servicio.

Aunque se aprobó en comisión, los trabajadores de la APC pidieron el compromiso de los partidos con la municipalización, ya que como había la posibilidad de que cambiara el gobierno, no acababan de confiar en que el acuerdo se hiciera efectivo. Sólo Barcelona en Común y la CUP firmaron.

Esto fue en mayo de 2019. Año y medio después esperan que el compromiso se cumpla. Y es que la fecha que se acordó fue el 1 de enero de 2020. Después del 1 de abril. Ahora, según la misma Laura Pérez que ha bajado de la Comisión de Derechos Sociales para hablar con las trabajadoras concentradas será el 1 de enero de 2021, fecha que el servicio APC espera recibir por escrito en una reunión formal con el IMSS.

Aparte, con esta información sobre nuevas internalizaciones, la Confederación de entidades del Tercer Sector Social cargaba a finales de mayo de 2019 contra el Ajuntament de Barcelona por municipalizar servicios sociales «de forma unilateral y sin diálogo con el sector», haciéndolo «sin profundizar en las consecuencias y el impacto que tendrá en el tercer sector y en el conjunto de la economía social de la ciudad».

En este vídeo realizado a finales de 2018, la Plataforma Municipalitzem APC explicaba por qué era necesaria su integración como servicio esencial que son.