Discutía el otro día con amigos sobre algunas de las diferencias existentes entre la extrema derecha actual y, digamos, ‘la originaria’. El debate se había iniciado en torno a si era oportuno calificar como fascista a estas nuevas formaciones políticas o, si por el contrario, esto sólo contribuía a banalizar el término o impedir realizar análisis más acertados sobre sus características. Particularmente, creo que existen muchos elementos comunes –glorificación de la fuerza y la masculinidad, desprecio hacia los más débiles y hacia los diferentes, uso de la propaganda y la mentira como forma de creación de hegemonía, propuestas simples a problemas complejos, etc.–, pero que también concurren algunos que marcan profundamente las diferencias, como el ejercicio de la violencia y el desprecio de lo colectivo.
Con respecto a lo primero, diré que no soy ningún experto y, además, no lo tengo tan claro. Es evidente que la formación de escuadras paramilitares, de tipo camisas negras, para el ejercicio directo de la violencia sobre aquellos que eran considerados los responsables de determinadas situaciones o, simplemente, enemigos no se encuentra hoy en día entre las acciones llevadas a cabo por la extrema derecha. Esto sí era así en los grupos de neonazis de hace unas décadas, o incluso entre algunos grupúsculos actuales, pero no así en las formaciones más consolidadas, como VOX o Aliança Catalana (AC). Mi duda sobre si esto es realmente una diferencia estriba, más bien, en si podemos considerar violencia cosas como el señalamiento social constante, la discriminación institucional, los discursos de estigmatización, los linchamientos a través de redes sociales, etc., que estas formaciones y sus seguidores desarrollan. Y es cierto que esto también es violencia pero, por un lado, también existía, aunque adaptada a su época, durante los años de los primeros movimientos fascistas y, por otro, este tipo de violencia, aunque grave, no va más allá, es decir, no acaba por conformar agresiones físicas en la gran mayoría de ocasiones. Luego, aunque con dudas, mantengo que esta puede ser una de las diferencias más significativas entre extremas derechas del pasado y del presente.
La segunda me parece más importante y, además, me siento más cómodo en su defensa. Y es que la extrema derecha, tanto de alcance español como de alcance catalán, es profundamente neoliberal. Basta con echar un vistazo a sus programas electorales para ser testigo de que se encuentran más cerca de las propuestas de Margaret Thatcher que de las de Mussolini. Las extremas derechas, digamos clásicas, no eran individualistas, ni siquiera liberales. La forma de organización político-económica por la que optaban estas organizaciones era la del Estado corporativista, esto es, una vía intermedia entre el capitalismo liberal y el comunismo, de ahí que recibiera también el nombre de tercerista, donde el conflicto de clases se habría superado a través de la articulación orgánica de la burguesía y la clase obrera en el seno del Estado. Éste pasa a convertirse en el verdadero protagonista de la vida de la nación, ordenando y determinando la totalidad de los aspectos de la vida política, cultural y económica de la sociedad sobre la que actúa.
Todo y todos quedaban subordinados al Estado, haciendo desaparecer las diferencias individuales, de ahí el papel de las masas o de los uniformes, así como la organización seudomilitar del mismo que restringía los movimientos y capacidades de las personas y las sometía a la voluntad de un Estado dirigido por sus élites. Nada de esto aparece en las propuestas de VOX o Aliança Catalana, aunque sí en otras organizaciones de extrema derecha. El proyecto de VOX/AC es un proyecto netamente neoliberal, donde el único elemento que actuaría como base común de una posible organización político-económica serían aquellos vinculados al nacionalismo más ramplón y etnicista, como el idioma, la religión –o mejor, el rechazo hacía otras religiones–, el odio hacia lo diferente, hacia la diversidad, el desprecio a los derechos humanos, la sublimación de la familia, de la cultura rural, de una determinada Historia, etc., pero actuando, sobre todo, como envoltorio simbólico de una profunda y extrema visión individualista y capitalista, alejada totalmente de cualquier veleidad colectivista, aunque esta se encontrara mediada por el aparato estatal.
El principal elemento del programa electoral de estas formaciones no es fusionar la nación con el Estado, sino lograr que impere la ley del más fuerte. Y, para ello y en base al anterior envoltorio simbólico, proponen la eliminación de la progresividad fiscal, el fomento de las políticas de emprendeduría, la privatización de servicios esenciales como la sanidad, la educación, la atención a las diferencias, etc. Han comprendido que, para destruir todos los elementos que conforman la realidad material de una sociedad, no pueden actuar directamente y con alevosía, sino a través de la criminalización del otro, al que responsabilizan de todos los males, y la exacerbación de los valores identitarios, que nunca interferirán en el nuevo imperio.
Son, por tanto, promotores de la ley de la selva, de cierto darwinismo social oculto bajo el paraguas de una falsa homogeneidad cultural que es instrumentalizada con el objeto de monopolizar la decisión sobre los espacios de poder al que accederían los diferentes actores sociales. Identidad y poder serían, así, dos caras de la misma moneda. Este tipo de sociedad lleva, en sí, la semilla de la destrucción ya que solo mediante la compartición de referentes sociales comunes y solidarios es posible el mantenimiento de cualquier sociedad. Si no, miremos el espejo estadounidense. Ya lo advirtió el historiador inglés Tony Judt, ‘una vez que dejamos de valorar más lo público que lo privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley que la fuerza’.
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