España es un país de acogida, no es un país racista, España tiene una historia de mestizaje. Los tópicos tienen algo de cierto, pero no son toda la verdad. Al menos, no es lo que España viene demostrando en los últimos meses.
Hace años de las razias en El Ejido (Almería). Las volvimos a ver, no hace tanto, en Torre-Pacheco. Y las últimas semanas, en Ceuta. Las causas de estos episodios son varias —pobreza, falta de políticas sociales, un mercado laboral que necesita mano de obra migrante y a la vez la estigmatiza, medias verdades difundidas por la extrema derecha— y no caben todas en este reportaje. Pero hay un hilo que puede seguirse en todas ellas. Un camino con tres etapas: las palabras, las políticas y sus efectos en las personas.
El discurso político
Todo empieza con las palabras. «En España ha pasado la lepenización social», resume Daniel Gil, docente en el Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Se refiere a un discurso de odio contra el extranjero —y, en buena medida, contra el marroquí— que ya no es patrimonio exclusivo de la extrema derecha: «Es transversal».
El acuerdo entre PP y Vox en Andalucía que ha servido para justificar la supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí anunciado este verano habla textualmente de «rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir la identidad».
Daniel Gil sostiene que ese discurso no es solo cosa de derechas. También desde la izquierda se ha instrumentalizado el hiyab para defender a «las mujeres sometidas», explica, «en algunos casos para no incomodar a la derecha y la extrema derecha y, en otros, al propio electorado de izquierdas». Él mismo coordinó un estudio para el Instituto de las Mujeres —¡Con eso no! Discriminación de las jóvenes musulmanas con hiyab en el sistema educativo—, publicado en 2024, que a principios de este año recibió una denuncia pública de treinta organizaciones feministas por, a su juicio, justificar el uso del velo. El propio Instituto de las Mujeres acabó retirándolo de su web. El episodio ilustra que hablar de islamofobia se ha vuelto, también, un terreno resbaladizo dentro del campo progresista.
«No necesito que me defiendan», explica Chams Dha El Faghloumi, estudiante en la UCM, sobre quienes libran esa batalla en su nombre. «Solo (lo necesito) si un profesor me trata mal» en la universidad.
Las decisiones institucionales
Del discurso a la norma hay, este verano, un trecho muy corto. Juanma Moreno, de nuevo presidente de la Junta de Andalucía con el apoyo de Vox, anunció en julio la suspensión —a partir de 2027— del programa de lengua árabe y cultura marroquí, en marcha desde hace décadas y que llega a 1.800 estudiantes, con coste cero para la Junta porque lo sostiene Marruecos. A finales de 2025 Madrid hizo lo mismo, y después Aragón y Extremadura. La justificación oficial: el Ministerio de Educación no controla al profesorado de esos programas. Un guiño a la posibilidad del temido adoctrinamiento.
Curiosamente, España hace exactamente lo mismo fuera de sus fronteras. Las Aulas de Lengua y Cultura Española (ALCE), gestionadas por las embajadas españolas, llevan décadas enseñando lengua y cultura españolas a los hijos de la diáspora en países como Alemania, Francia o Bélgica. Lo hace con funcionarios públicos españoles y en horario extraescolar: la misma fórmula, exactamente, que ahora se prohíbe cuando el país es Marruecos.
Y no acaba ahí: algunas de las comunidades que han suprimido el programa marroquí mantienen, al mismo tiempo, acuerdos idénticos con Portugal, Hungría, Rumanía o Polonia, cuyos docentes nacionales imparten esas clases sin que España tenga sobre ellos ningún control, el mismo argumento que se esgrime contra el profesorado marroquí. Si la lógica fuera realmente la soberanía educativa, esos programas deberían caer también. No lo hacen. Daniel Gil lo resume así: «No es tanto un cuestionamiento de la lengua, sino que haya funcionarios marroquíes en España». El problema, sugiere, no es el principio, es quién lo aplica.
«Yo he estado con ese profesor. Este hombre daba árabe, nada más, punto.» Lola Gil dirige un centro en Huelva donde el programa se suprimirá el curso que viene. Su instituto tiene unos 800 alumnos, al menos 100 de origen marroquí, pero al programa solo asistieron entre 10 y 15 el curso pasado. Sobre la acusación de adoctrinamiento que ha acompañado la supresión, es tajante: «En mi centro, nada más lejos de la realidad».
Al otro lado del país, y gobernada por partidos muy distintos, está Cataluña. Allí, a pesar de que el acuerdo para desarrollar las clases de religión islámica data de 1992, han esperado hasta 2021 para iniciar un programa piloto. Lo ha hecho no el Departament d’Educació, sino el de Justicia.
Entonces, de una terna de 16 candidatos seleccionados por organizaciones islámicas, se eligió a seis para que dieran clases en otros tantos centros educativos para comenzar un programa piloto que, un lustro después, sigue siendo piloto.
«El piloto no se ha extendido, incumpliendo el acuerdo de 1992», explica J.D. (prefiere aparecer por sus siglas). Asegura que no ha habido ningún problema con su desarrollo y que, ante la explicación de que no hay personal formado, expone que existe un grupo de WhatsApp con bastantes docentes habilitados que podrían dar esas clases. Además, explica que el programa «no se ofrece muy a menudo» a las familias musulmanas. Cataluña es, según UCIDE, la comunidad autónoma con mayor población musulmana de España. Al cierre de esta edición, el Departament de Justicia no ha respondido a las preguntas de este periodista sobre la falta de desarrollo del programa.
Estas decisiones no son un episodio aislado. El último informe del Ministerio del Interior sobre delitos e incidentes de odio, con datos de 2025, registró 2.417 hechos en toda España, un 23,6 % más que el año anterior y la cifra más alta de la serie histórica. Los delitos por racismo y xenofobia, con 934 casos, siguen siendo los más numerosos, pero el mayor incremento porcentual se produjo en el ámbito específico de la islamofobia, que pasó de 15 a 35 hechos: un 133 % más. No se computaban delitos de islamofobia hasta 2024. En el entorno digital, el aumento fue del 450 %.
El Ayuntamiento de Madrid anunció hace unos meses el cierre de Casa Árabe. Poco después, decidió el cierre del Mercado Marroquí que lleva una década funcionando en la ciudad.
Las consecuencias en la vida cotidiana
Lo que ocurre en los despachos y en los titulares termina bajando, siempre, hasta la vida diaria de las personas.
«En la ESO lo pasé muy mal cuando me puse el velo.» Sara Achebak es hoy profesora en un instituto catalán. Antes del hiyab, el profesorado la ponía como ejemplo; después, sus notas bajaron sin que cambiara su esfuerzo, y el director del centro llegó a suspenderla. Su familia tuvo que acudir al Departament d’Educació para denunciarlo y conseguir enmendar la situación. Años después, en la defensa de su TFM, un miembro del tribunal comentó, al saber que sería la primera docente con velo en Tarragona: «Ya lo que nos faltaba». «Nos ven como sumisas o ignorantes, cuando no es la realidad», resume Sara.
Aisha Ezzakroui lo vivió a través de su hermana, el día de la Prueba de Acceso a la Universidad: un profesor le exigió apartarse el hiyab para verle las orejas durante todo el examen, por si ocultaba algún dispositivo. «¿Estaba regulado? Fue esa persona la que decidió», resume Aisha. Pero su testimonio va más allá de ese episodio puntual. Aisha, que no lleva velo, describe una forma de discriminación más silenciosa, la de las mujeres que sí querrían llevarlo y no lo hacen: tiene amigas que admiran a quienes se lo ponen, dice, pero «sienten que les cuesta el paso» porque temen cómo se las va a percibir, profesionalmente, socialmente. Ella misma reconoce que, a nivel casi inconsciente, le preocupa cómo se la valoraría como jurista si lo llevara puesto, que quedaría «encasillada». No es una prohibición explícita ni una norma escrita en ningún sitio. Es un cálculo que estas mujeres hacen solas, sabiendo lo que arriesgan: el mismo cálculo que confirman los datos de discriminación en el acceso a la vivienda y al empleo que se citan más abajo. El resultado es una autocensura que nunca aparece en ninguna estadística de «prohibiciones», porque no hace falta prohibir nada cuando el miedo ya hace el trabajo.
J.D., que no lleva ningún signo visible de su religión, describe una islamofobia igual de silenciosa por otra vía: compañeros de claustro que, al saber que es musulmán, le retiraron el saludo.
Hay una tercera capa, menos visible que el rechazo explícito, que tiene que ver con no encajar del todo en ningún sitio. Oriol, docente y musulmán converso que trabaja con jóvenes de segunda generación, lo describe como una crisis de identidad que se resuelve —o no— a través de la cultura. Son chicos y chicas nacidos en España, dice, que se parecen más a los conversos locales como él que a sus propios abuelos, porque su cultura se ha ido mezclando con la del entorno en el que han crecido; cuando van a Marruecos, piensan distinto a quienes se quedaron. Y sin embargo, aquí, tampoco se les deja ser del todo de aquí. Oriol resume el dilema con una pregunta que dice haber escuchado muchas veces de boca de esos jóvenes: «No soy marroquí y la gente de aquí no me deja ser español, ¿yo qué soy?». No es una discriminación institucional en sentido estricto, pero es la que hace que las demás pesen más: la de programas suprimidos, la del examen con las orejas al descubierto o la del velo que algunas ni siquiera llegan a ponerse, todas caen sobre personas a las que, de entrada, ya nadie termina de reconocer como propias.
Estas experiencias individuales encajan con lo que muestran los datos disponibles. Un estudio académico de 2024, con una muestra de 1.157 jóvenes musulmanes españoles de entre 18 y 24 años, encontró una discriminación percibida especialmente marcada en el acceso al empleo, con las mujeres que llevan hiyab como el grupo más vulnerable. Y esa misma discriminación se repite antes, en la puerta de casa: un estudio del Ayuntamiento de Barcelona que probó con nombres ficticios encontró que las solicitudes de alquiler firmadas con nombre árabe reciben respuesta un 18,8 % menos que las firmadas con nombre autóctono (37,8 % frente a 56,6 %). Según la asociación Provivienda, más del 70 % de las inmobiliarias contactadas en un estudio similar a nivel estatal aceptan abiertamente no alquilar a personas extranjeras.
No toda la respuesta a esta situación viene de las instituciones. Zhour Hussein, vicepresidenta de FAMPA Alhambra en Granada, realiza labores de mediación lingüística en centros de salud: traduce consentimientos médicos, acompaña a pacientes y familias que no dominan el castellano, y ayuda a evitar que sean los propios menores quienes acaben haciendo de intérpretes de sus padres en consultas delicadas. Llena un vacío parecido al que deja, en la educación, la supresión de programas como el que describía Lola Gil: alguien tiene que traducir, mediar, explicar, y cuando el sistema no lo prevé, ese trabajo recae en personas como Zhour, sin reconocimiento oficial.
Eternamente extranjeros
Y aquí es donde todo este reportaje converge, en realidad, sobre una sola idea. En España no hay estadísticas oficiales de población musulmana; las estimaciones hablan de entre 2 y 2,5 millones de personas, en torno al 5 % del total. La mitad tiene nacionalidad española, por nacimiento o por naturalización. No son la primera generación, la de los padres de Aisha, que emigraron desde el Sáhara Occidental. Son la segunda: Sara, nacida y criada en Tarragona, a quien una profesora recién llegada de Ucrania se dirigía, cuenta, como «vosotros». Son los hijos de Zhour Hussein, nacidos en Granada, nacionalizados, con hasta tres pasaportes cada uno, y que —cuenta ella— «se siguen considerando extranjeros». Son los jóvenes de los que habla Oriol, atrapados entre dos países que, cada uno a su manera, les niegan la pertenencia completa.
A pesar de haber nacido aquí, o de llevar años. A pesar de trabajar, estudiar, pagar impuestos, no terminan de conseguir el reconocimiento. Un apellido, una religión distinta, un rasgo facial, un pañuelo —o, a veces, ni siquiera, solo el miedo a ponérselo—: basta cualquiera de esos detalles para que la biografía completa —el instituto público, la carrera, las oposiciones, el DNI— quede en suspenso ante la primera mirada. «Yo soy de Tarragona. Conozco la ciudad y su historia», decía Sara Achebak.
No hace falta imaginar una España distinta para entender lo que está en juego. Basta con preguntarle a la segunda generación qué se siente al ser, de por vida, de aquí y de fuera al mismo tiempo.
