Unas 50.000 personas entraron en Ceuta en cuestión de horas, en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. A primeros de agosto se habían encontrado allí 88 cuerpos y todavía hay numerosas personas desaparecidas. Sigue habiendo menores durmiendo en la calle; lo reconoce el propio gobierno español, que dice que está trabajando en ello. La ciudad atiende ahora a un millar, cuatro veces más que quince días atrás, en naves industriales habilitadas a toda prisa.
Aquí tens la versió en catalá
Por qué pasó aquello en la frontera sur pide otra pieza y otras fuentes. Está el Sáhara, la visita de Sánchez a Argel y el gas argelino, una sentencia del Supremo del 29 de junio sobre las devoluciones en caliente, los intereses israelíes y norteamericanos y, sobre todo, veinte largos años de encargar la vigilancia de la frontera europea al vecino del sur y de descubrir después que el vecino decide él solo cuándo mirar hacia otro lado.
Lo que ha pasado en Cataluña, en cambio, no necesita esta lectura geopolítica. Junts y Aliança Catalana se han pasado la semana calculando cuántos de esos críos pueden valer en votos. Pero vayamos por partes.
El pacto que ahora no existe
En abril de 2025 el Congreso convalidó la reforma de la ley de extranjería que hace obligatorio el reparto de menores migrantes solos entre comunidades autónomas cuando hay una «contingencia migratoria extraordinaria». El reglamento que lo concreta está vigente hasta marzo de 2027, y prevé que, si las comunidades se niegan, actúe de oficio la fiscalía de menores. El reparto pondera población y renta per cápita. El año anterior, PP, Vox y Junts habían votado en contra de la misma medida.
Entremedias hubo un pacto, y lo firmó Junts. En marzo de 2025, cuando se cerró con el Gobierno, el partido de Puigdemont salió a explicarlo como una victoria: Cataluña recibiría entre 20 y 30 de los aproximadamente 4.000 menores a trasladar, frente a los más de 700 que calculaba para la Comunidad de Madrid. A falta de independencias, aquello se celebró como una gesta nacional.
Dieciséis meses después, aquel acuerdo ha cambiado de nombre. Míriam Nogueras sostiene ahora que Cataluña «quedó fuera» del reparto y amenaza con no dar «ni un voto» al Gobierno si los menores llegados a Ceuta se reparten entre las comunidades. El ultimátum, para acabar de arreglarlo, es aritméticamente vacío, porque Junts ya ha roto formalmente las relaciones con el PSOE. Una amenaza que no se puede cumplir no es una amenaza.
La cuestión es que Nogueras no le habla a Sánchez sino a Sílvia Orriols, a quien se ha lanzado a disputarle el terreno de la extrema derecha, en una apuesta que de momento solo le ha costado votos. Según el último barómetro del CEO, Aliança Catalana ya supera a Junts y lo desplaza de su propio espacio.
El argumento que ponen es que aquello era un abuso porque el Estado no ponía recursos y tensaba todavía más un sistema de protección que no puede más. Miremos los datos.
Cataluña ha registrado 830 llegadas de menores migrantes solos durante el primer semestre de 2026, un 25% menos que el mismo periodo del año pasado. En 2025 fueron 2.256; en 2024, 2.643. El máximo de la serie sigue siendo el de 2018, con 3.709. El país que dice que está desbordado recibe menos que hace ocho años. Ocho años y medio, contando bien.
En marzo de 2026 había 2.177 menores migrantes solos dentro de un total de 8.687 niños y adolescentes con medida protectora: uno de cada cuatro, y más de cuatro de cada diez de los 5.197 que vivían en recursos residenciales. La parrilla oficial cuenta 1.196 plazas específicas. Son cifras de un sistema tensado, tensado por una década de recortes y por un modelo de externalización construido en buena parte desde los gobiernos convergentes. El bolsillo lo vació alguien. Los críos solo tienen la mala suerte de aparecer después.
El reparto pondera población y renta, y Cataluña sale arriba precisamente porque, comparativamente, es más grande y más rica que la mayoría de las demás comunidades. Pedir la excepción es pedir que la diferencia la paguen comunidades con menos recursos.
Los derechos de unos
En el Evangelio, el único criterio del juicio final no es la lengua, ni el linaje, ni la fe: es si diste de comer al que tenía hambre y si acogiste al forastero (Mt 25,31-46). Dos mil años después, la Convención de los Derechos del Niño lo vuelve a decir con lenguaje de abogado: un menor es un menor esté donde esté y tenga los papeles que tenga. Pero el mal llamado «patriotismo», que en realidad es esencialismo xenófobo, tiene esta virtud administrativa: convierte una cuestión de derechos de la infancia en una cuestión de contabilidad territorial. Un adolescente deja de ser un adolescente y pasa a ser una carga que nos quiere endosar Madrid. En Ripoll, Orriols ni siquiera los llama adolescentes: habla de los «menas» de Ceuta, un acrónimo que ahorra el trabajo de imaginarse una cara.
En el Evangelio, el único criterio del juicio final no es la lengua, ni el linaje, ni la fe: es si diste de comer al que tenía hambre y si acogiste al forastero
Y lo hace con una cruz colgada del cuello, hablando de civilización contra barbarie, en nombre de una iglesia cuyo cabeza fue a Lampedusa a lanzar una corona de flores al mar por los que se habían ahogado allí. De la civilización que invoca ha cogido el símbolo y ha dejado el texto.
Junts juega en otro terreno, y la contradicción le sale igual de cara. Estrasburgo, Ginebra, los relatores de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria: este es el partido que se pasó una década pidiendo que lo miraran desde fuera y que construyó su legitimidad sobre la idea de que hay unos derechos que no se votan y unos tribunales que están por encima de la conveniencia de un Estado. Estos días, su portavoz en el Congreso pide una excepción territorial a los derechos de unos niños y amenaza con bloquear el mecanismo legal que los protege.
Un país que se celebra a sí mismo como tierra de acogida, que monta cada diciembre un belén con tres extranjeros que llegan del sur y una familia que cruza una frontera de noche con una criatura porque el poder la quiere muerta, se ha pasado agosto discutiendo cómo evitar que le toquen veinte. ¿Qué tendría que pasar para que un chaval de quince años que ha cruzado a nado fuese «de los nuestros»? ¿Cuántas generaciones hacen falta?
En la hospitalidad, decía Derrida, hay siempre una puerta y siempre alguien que decide quién la cruza. Se puede abrir con condiciones, que es lo que hace el derecho, o sin ellas, que es lo que pide el Evangelio. Estos días no se ha discutido ni una cosa ni la otra. Se ha discutido quién paga la puerta.
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